El miedo se ha instalado entre los guardianes de las cárceles colombianas. En menos de una semana, cinco funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han sido blanco de ataques violentos en diferentes puntos del país. El más reciente ocurrió este martes en Cali, cuando el dragoneante Jimmy Flores Salazar fue baleado al salir de su turno en la cárcel Villahermosa, donde hace pocos días también fue asesinado un médico de la entidad.
Con este hecho, ya son tres asesinatos y cinco atentados registrados en apenas siete días, una situación que el propio Inpec calificó como un “ataque sistemático” contra sus servidores, muchos de los cuales temen por sus vidas y piden protección urgente.
Ante la gravedad de la situación, el Inpec emitió un comunicado de emergencia en el que dispuso una serie de drásticas medidas para intentar frenar la escalada violenta. Entre ellas, la suspensión de visitas a los internos en los establecimientos penitenciarios de Bogotá y del Valle del Cauca, con la posibilidad de extender la medida a otras regiones del país.
También se ordenó la paralización temporal de traslados y remisiones —salvo las médicas vitales— y se decretó el alistamiento de segundo grado a nivel nacional. Además, se solicitó apoyo permanente de la Policía y el Ejército para escoltar los desplazamientos de los funcionarios, especialmente en zonas de alto riesgo.
“No existe la infraestructura para protegerlos dentro de los mismos establecimientos, pero no podemos seguir permitiendo que sigan cayendo como blancos fáciles”, señaló un vocero del sindicato del Inpec.
Asimismo, se implementarán turnos 24×48 horas y modalidades de trabajo remoto para el personal administrativo, con el fin de reducir la movilidad y, por ende, los riesgos de ataque. Las actividades de labor social de los reclusos también quedaron suspendidas “hasta que las condiciones de seguridad lo permitan”.
Tras una reunión de alto nivel entre el Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía, se acordó la creación de un grupo especial de investigación para perseguir a los responsables de los atentados, con recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a su captura.
Las organizaciones criminales vinculadas con estos hechos fueron declaradas objetivos de alto valor, y se ordenó priorizar su persecución. Además, desde el Ministerio de Justicia se anunció una nueva política criminal enfocada en la seguridad penitenciaria, basada en tecnología para evitar la comisión de delitos desde las cárceles.
“Nos matan por hacer nuestro trabajo. Y mientras tanto, los que mandan desde las cárceles siguen moviendo los hilos del crimen”, dijo un dragoneante que pidió reservar su identidad.
El país enfrenta, una vez más, el reflejo de una crisis carcelaria que ha trascendido los muros de las prisiones y ahora cobra vidas en las calles.
