En medio del creciente malestar ciudadano por la falta de medicamentos y demoras en la atención, la Administración Municipal de Ibagué, bajo el liderazgo de la alcaldesa Johana Aranda, tomó una decisión contundente: poner fin al contrato entre la EPS Famisanar y la farmacia Marcazsalud, señalada por múltiples quejas de los usuarios por el incumplimiento en la dispensación de tratamientos médicos.
La medida se da luego de una intensificación de las labores de inspección, vigilancia y control por parte de la Secretaría de Salud Municipal, que durante el último mes realizó operativos cada 48 horas, mesas públicas con los afectados y un trabajo conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud, que corroboró las graves falencias en el servicio.
“Hemos realizado varios operativos desde hace menos de un mes. Le pusimos la lupa a esta farmacia con visitas cada 48 horas, mesas públicas donde los usuarios fueron los principales actores y denunciantes”, explicó Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué.
El colapso en la atención de Marcazsalud había generado largas filas, demoras de hasta varios días y la interrupción de tratamientos para pacientes crónicos, situación que provocó indignación entre los afiliados y un fuerte llamado de atención por parte del Gobierno local.
La Secretaría de Salud ya ofició a Famisanar, solicitando tres acciones urgentes:
- El soporte oficial de la finalización contractual con Marcazsalud.
- El cronograma de transición y el nombre del nuevo operador farmacéutico.
- Las estrategias que garanticen la entrega continua y oportuna de medicamentos.
La Alcaldía aseguró que esta decisión marca un precedente en la defensa del derecho a la salud y demuestra que la administración “no tolerará negligencias que pongan en riesgo la vida de los ibaguereños”.
“Nuestra prioridad es la gente. No vamos a permitir que los usuarios sigan padeciendo por falta de medicamentos o por la ineficiencia de quienes deben garantizar su atención”, enfatizó un vocero del despacho municipal.
El caso ha generado una fuerte controversia entre los usuarios y el sector salud, pues algunos advierten que la ruptura del contrato podría generar un vacío temporal en la dispensación de medicamentos, mientras otros celebran la decisión como un acto de autoridad frente a la negligencia de las EPS.
Mientras tanto, la comunidad exige resultados inmediatos y un seguimiento riguroso para evitar que se repitan episodios similares, en un sistema de salud que, según los ciudadanos, “está al borde del colapso”.
