La tranquilidad en el municipio de López de Micay, en la costa pacífica del Cauca, se vio interrumpida este jueves 17 de julio con la sorpresiva noticia del secuestro de nueve personas que hacían parte del equipo de funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca.
El hecho fue atribuido por el Bloque Occidental de las disidencias de las Farc, quienes en un comunicado afirmaron tener bajo su poder a siete mujeres y dos hombres que se encontraban en la zona cumpliendo funciones institucionales.
Aunque no se ha determinado con precisión qué tipo de labores realizaban ni el sitio exacto donde fueron interceptados, se sabe que la retención ocurrió hacia las 4:00 de la tarde. Horas más tarde, en un mensaje difundido por canales de comunicación no oficiales, ese grupo armado ilegal confirmó su responsabilidad.
Las personas secuestradas fueron identificadas como Eivar Alfonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López, Angélica María Barona, Leidy Rocío Guengue, Paola Andrea Maca, Mónica Alejandra Bambagué, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
El autodenominado Estado Mayor Central indicó que los “prisioneros” serán “tratados de la mejor manera”, sin entregar mayores detalles sobre su estado de salud ni posibles exigencias.
La noticia generó una ola de indignación desde la Gobernación del Cauca, que emitió un pronunciamiento en el que condenó el hecho y exigió el respeto por la vida e integridad de los retenidos. “Rechazamos este acto violento que vulnera los derechos fundamentales de quienes trabajan al servicio de las comunidades más apartadas del departamento”, expresó la administración departamental.
Mientras tanto, familiares de los secuestrados viven horas de angustia sin conocer el paradero ni las condiciones en que se encuentran sus seres queridos. Organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades como la Defensoría del Pueblo han comenzado a intervenir para exigir la liberación inmediata de los funcionarios.
Este nuevo secuestro reaviva el debate sobre la presencia y el fortalecimiento de los grupos armados en zonas históricamente abandonadas por el Estado, donde el control territorial sigue en disputa y la población civil queda en medio del conflicto.
