Un encuentro político de alto voltaje sacudió el panorama electoral colombiano. La candidata presidencial Paloma Valencia y el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo sostuvieron el 10 de marzo en Bogotá una reunión privada de más de tres horas y media, en la que discutieron la posibilidad de una alianza política en medio de la carrera hacia la Presidencia.
Sin embargo, el acercamiento quedó marcado por condiciones polémicas planteadas por Oviedo para sumarse a la campaña: mantener la continuidad del acuerdo firmado con las extintas FARC, respaldar a la Jurisdicción Especial para la Paz y reconocer públicamente que en Palestina se estaría desarrollando un “genocidio” derivado de las operaciones militares de Israel.
Las exigencias abrieron un delicado dilema político para Valencia, cuya campaña se mueve dentro del espectro del partido Centro Democrático, una colectividad que históricamente ha cuestionado varios puntos del acuerdo de paz firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La negociación ocurre además en un momento decisivo. El plazo legal para definir la fórmula vicepresidencial vence el 13 de marzo, por lo que Valencia deberá tomar una decisión en los próximos días sobre quién será su compañero de fórmula.
La presión política aumentó luego de que la candidata obtuviera un fuerte respaldo electoral tras imponerse en La Gran Consulta por Colombia, donde alcanzó 3.236.286 votos, consolidándose como una de las principales figuras de la contienda presidencial.
Tras el triunfo en la consulta, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, salió a respaldar públicamente a Valencia y defendió su candidatura en varias publicaciones.
“Paloma es firme, coherente y no oportunista. Dialoga y busca concertar. La atacan por La Habana y por mí”, escribió el exmandatario en redes sociales, en referencia a las críticas por su cercanía política.
Uribe también hizo un llamado a fortalecer la campaña mediante la creación de más de 500 comités cívicos en todo el país, integrados por ciudadanos de distintos partidos e independientes, con el objetivo de consolidar una base de apoyo para la aspiración presidencial.
El exmandatario aprovechó para reiterar sus cuestionamientos al acuerdo de paz firmado en 2016, al que responsabiliza de haber generado efectos negativos en seguridad y cultivos ilícitos.
Según su análisis, tras las negociaciones en La Habana el país pasó de 48.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 2012 a más de 220.000 en 2018, cifra que, afirmó, hoy superaría las 300.000 hectáreas.
Uribe sostuvo además que el acuerdo habría generado “impunidad por delitos atroces” y criticó que se otorgara participación política a antiguos miembros de la guerrilla.
“El país necesita diálogo, pero no impunidad”, afirmó el líder político, quien también defendió el papel de las Fuerzas Armadas y cuestionó que el acuerdo las haya puesto al mismo nivel que los grupos insurgentes.
En medio de estas tensiones, la eventual alianza entre Valencia y Oviedo aparece como una jugada política de alto riesgo que podría ampliar el espectro electoral de la candidata o, por el contrario, generar fricciones con sectores de su propia base política.
Mientras corre el reloj hacia el cierre del plazo para inscribir la fórmula vicepresidencial, la decisión de Valencia no solo definirá su compañero de fórmula, sino que podría marcar el rumbo ideológico de su campaña y reconfigurar el tablero político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.
