El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, dio un nuevo y explosivo giro este lunes 10 de noviembre de 2025, cuando la Fiscalía General de la Nación le imputó seis nuevos delitos por presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico.
La diligencia se llevó a cabo en el Juzgado 41 de control de garantías de Barranquilla, donde el juez negó las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa, que argumentaba una supuesta violación al derecho de defensa.
Con el fallo en su contra, la fiscal Lucy Laborde imputó a Petro Burgos los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
“Se le imputa por el concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de las siguientes conductas punibles…”, expresó la fiscal Laborde al detallar los nuevos cargos.
De acuerdo con la investigación, Nicolás Petro habría participado en la apropiación irregular de $111 millones de pesos entre 2021 y 2022, a través de dos contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
“La apropiación por parte suya, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, corresponde a una suma aproximada de 111 millones de pesos por esos contratos”, aseguró la fiscal.
Según la Fiscalía, los recursos fueron entregados en efectivo y mediante cheques fraccionados, incluso en espacios privados como la residencia de María Angélica Name Delgado, lo que levantó sospechas sobre una red de manejo paralelo de dineros públicos.
Aunque Nicolás Petro no tenía manejo directo sobre los recursos, Laborde sostuvo que su responsabilidad se configura como interviniente, al haber influido en la entrega y ejecución de los contratos.
El proceso también salpica a otros nombres vinculados a la Fundación Fucoso, entre ellos Pedro Name, Raúl Lacouture y Gustavo de la Ossa, este último representante legal de la entidad. Ninguno ha sido imputado hasta el momento.
El caso, que inició bajo la dirección del exfiscal Mario Burgos —removido meses atrás—, fue retomado por Laborde, quien además solicitó medida de aseguramiento contra Petro Burgos.
A la par, el hijo del presidente enfrenta otro proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, también en Barranquilla, lo que complica aún más su situación ante la justicia.
