• 21 agosto, 2026 11:20 am

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Procuraduría sacude al Gobierno: ministro de Salud y pesos pesados del gabinete, a juicio por el colapso de la salud del magisterio.

La Procuraduría General de la Nación lanzó un golpe directo al corazón del poder político en el Tolima y al núcleo del Gobierno Nacional. En una decisión de alto impacto, el Ministerio Público formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, junto a otros ministros, altos funcionarios y miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por las graves irregularidades que desataron una crisis sin precedentes en la atención en salud de los docentes del país.

El auto oficial, fechado el 16 de diciembre de 2025 y expedido por la Sala Disciplinaria de Instrucción, confirma que la investigación (Radicado IUS E-2024-177780) no apunta a funcionarios de segundo nivel: la Procuraduría fue tras las cabezas que autorizaron y ejecutaron el cambio de modelo, una de las reformas bandera del actual gobierno.

En la lista de disciplinables figuran nombres de alto calibre:

  • Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ministro de Salud y Protección Social.
  • Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda y Crédito Público.
  • Gloria Inés Ramírez Ríos, ministra del Trabajo.
  • Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación.
  • Luis Carlos Leal Angarita, Superintendente Nacional de Salud.

La investigación también alcanza a los representantes del gremio de educadores y a la gestión fiduciaria, al considerar que la responsabilidad por el colapso fue compartida. Entre los llamados a responder están Georgina del Carmen Arroyo y Christian Rey Camacho (FECODE), así como Jhon Mauricio Marín Barbosa, presidente de Fiduprevisora.

Según la Procuraduría, los hechos bajo lupa ocurrieron desde el 1 de abril de 2024, cuando arrancó la transición al nuevo sistema que prometía eliminar intermediaciones. Lejos de cumplir ese objetivo, el modelo derivó en interrupción de tratamientos, desabastecimiento de medicamentos y un caos administrativo que puso en riesgo la vida y la integridad de miles de maestros y sus familias en todo el país.

Para el tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, el llamado a juicio disciplinario marca uno de los momentos más críticos de su gestión. La decisión no solo cuestiona su capacidad técnica y administrativa, sino que expone las fisuras de una reforma que, en lugar de corregir el sistema, terminó detonando una emergencia nacional en la salud del magisterio.

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