En medio del creciente escrutinio nacional e internacional por las muertes de menores de edad durante operaciones militares contra el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, el presidente Gustavo Petro entregó este martes un nuevo y polémico balance sobre las víctimas que han dejado los recientes bombardeos ordenados por su gobierno. El reporte, lejos de apaciguar la controversia, abrió nuevos interrogantes sobre la precisión de la información que se le está entregando al país.
Según el mandatario, son 12 los niños, niñas y adolescentes que han muerto en el marco de las ofensivas de las Fuerzas Militares contra las estructuras comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. La cifra incluye los siete casos que ya habían generado conmoción tras la operación del 10 de noviembre en Guaviare; cuatro más ocurridos el 1 de octubre en la zona limítrofe entre Caquetá y Amazonas —denunciados por la representante Katherine Miranda—; y un adolescente que falleció en Arauca el pasado 13 de noviembre.
Pero el mensaje publicado por Petro en la red X dejó más preguntas que certezas. El jefe de Estado señaló que hay “otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15 y 25 años”, un dato que contradice la narrativa de un conteo preciso y verificable. Además, la forma en la que presentó el caso de Arauca generó dudas sobre si en su publicación se duplicó una de las muertes ya reportadas.
La aparente inconsistencia encendió alarmas entre sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que exigen claridad absoluta en un asunto tan delicado como el fallecimiento de menores en operaciones de Estado.
La representante Katherine Miranda había revelado la muerte de cuatro menores —entre ellos una niña de 11 años— en un bombardeo ocurrido el 1 de octubre en Puerto Santander (Amazonas), una población ubicada sobre el río Caquetá. Miranda incluso compartió la fotografía de la menor, elevando el tono del debate y presionando al Gobierno a entregar un reporte oficial más detallado.
Petro, por su parte, insistió en que todos los menores fallecidos habían sido víctimas del reclutamiento forzado por parte del EMC, y responsabilizó directamente a Iván Mordisco. “Ha roto el Estatuto de Roma y mi gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra”, afirmó.
El presidente también aseguró que, en paralelo a estas tragedias, las Fuerzas Militares han logrado “neutralizar” a 34 miembros del EMC en Guaviare y Arauca, así como recuperar más de 35 fusiles.
Horas después de la publicación del presidente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, corroboró algunos de los puntos mencionados por Petro, incluyendo que la adolescente muerta en Arauca es una mujer y que el caso denunciado por Miranda en Amazonas involucró a una niña y otros tres menores fallecidos. Marín también confirmó que estas muertes deben sumarse a las ya reportadas en Guaviare.
Su pronunciamiento, sin embargo, reavivó la tensión, pues dejó entrever que los ataques contra estructuras del EMC continúan y que existe riesgo de nuevas víctimas, un escenario que ha incrementado la presión sobre el Gobierno en medio de cuestionamientos sobre la estrategia militar en territorios con alta presencia de menores reclutados.
El reporte del mandatario surge en un momento en el que su estrategia de seguridad enfrenta fuertes críticas por parte de sectores que consideran que los bombardeos en zonas con presencia de menores deben ser suspendidos de manera inmediata. Otros, en cambio, defienden las operaciones como parte de una ofensiva “necesaria” contra estructuras que usan a niños y adolescentes como escudos humanos.
