El presidente Gustavo Petro dio una orden tajante, ejecutar de manera inmediata la extradición de alias “Pipe Tuluá” hacia Estados Unidos. La instrucción fue impartida al ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, tras conocerse denuncias de que el presunto cabecilla criminal estaría intentando sobornar funcionarios públicos para frenar o dilatar su entrega a la justicia estadounidense.
A través de su cuenta en X, el jefe de Estado lanzó un mensaje contundente al advertir que alias “Pipe Tuluá”, señalado líder de la estructura criminal La Inmaculada, estaría utilizando recursos públicos para permanecer en el país. “La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, escribió Petro, en un claro reproche a cualquier intento de manipular procesos judiciales bajo el discurso de la política de paz.
La orden presidencial se produce días después de que el Ministerio de Justicia dejara en firme la extradición. El pasado 28 de enero, la cartera confirmó que fue resuelto y rechazado el recurso de reposición presentado por la defensa del señalado narcotraficante, cerrando así cualquier posibilidad de frenar el proceso por esa vía.
Con la firma del acto administrativo correspondiente, el Gobierno nacional dejó plenamente ejecutoriada la resolución que autoriza la entrega de alias “Pipe Tuluá” a las autoridades de Estados Unidos. Desde el Ministerio se precisó que no procede ningún mecanismo adicional dentro de esa instancia.
El ministro (e) Andrés Idárraga aseguró que la orden del presidente Petro se cumplirá “de manera eficaz e inmediata”, en línea con los compromisos del Estado colombiano frente a la cooperación judicial internacional.
Alias “Pipe Tuluá”, cuyo nombre real es Andrés Marín Silva, enfrenta un proceso penal de alto calibre en Estados Unidos. Según la acusación emitida el 11 de septiembre de 2024, dentro del caso 4:24-CR-195, es señalado de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional con destino al mercado estadounidense.
El primer cargo lo vincula a un concierto para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución. El segundo lo acusa de conspirar para traficar y distribuir el estupefaciente, con conocimiento —o motivos razonables para creer— de que la droga sería importada ilegalmente a territorio de Estados Unidos.
El tercer cargo es aún más grave, fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con pleno conocimiento de que el cargamento llegaría de forma ilegal al país norteamericano.
Con esta orden directa del presidente Petro, el Gobierno busca cerrar cualquier maniobra dilatoria y enviar un mensaje claro, la política de paz no será un escudo para el narcotráfico ni para la corrupción que intente torcer la justicia.
