Tras más de 24 horas de bloqueos en la vía a Buenaventura, protagonizados por transportadores de carga, las autoridades anunciaron la reapertura del corredor vial. Sin embargo, la protesta dejó secuelas que evidencian la fragilidad logística del principal puerto del país y el impacto directo de la crisis sobre la vida cotidiana de los bonaverenses.
Las manifestaciones, motivadas por la falta de control estatal en las terminales portuarias del Distrito, afectaron gravemente la movilidad y el abastecimiento. Una de las consecuencias más sensibles se registró el sábado 31 de enero, cuando la empresa Gases de Occidente anunció la suspensión del servicio de gas natural en Buenaventura, ante la imposibilidad de garantizar el suministro por el cierre de la carretera.
La compañía pidió a los usuarios mantener cerradas las válvulas del centro de medición, la red interna y los gasodomésticos mientras persista la emergencia y no se normalice el flujo vehicular. En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial que confirme la reconexión del servicio.
Los camioneros bloquearon la vía en protesta por lo que consideran una omisión reiterada del Gobierno nacional frente al caos operativo en el puerto. Según el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios (Sinalco), los transportadores deben esperar durante horas —e incluso días— para retirar los contenedores, lo que ha disparado los costos de los viajes y del combustible hasta en un 120%.
Ante la magnitud de la crisis, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reconoció que las protestas responden a problemas estructurales en el puerto de Buenaventura que afectan directamente la actividad logística. La funcionaria confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte, la Dian y la Dimar, con el objetivo de atender los reclamos de los camioneros y buscar salidas inmediatas.
En un pronunciamiento emitido en la noche del viernes 30 de enero, Rojas solicitó formalmente a la Superintendencia de Transporte iniciar investigaciones para verificar el cumplimiento de la resolución 312 de 2025, que ordena la suspensión inmediata del cobro por demoras en la devolución de contenedores. La ministra recordó que existen fallos de primera instancia que respaldan la medida y expresó su preocupación por las largas filas y retrasos en el acceso a los patios portuarios.
Además, instó a las navieras a asumir responsabilidades y proponer soluciones conjuntas, bajo el principio de corresponsabilidad, para evitar que la crisis vuelva a paralizar el corredor estratégico.
Rojas también anunció que el Gobierno trabaja desde 2025 en nuevas medidas, entre ellas una resolución de la Dian que regulará los tiempos de permanencia de los contenedores en los patios del puerto.
Por su parte, la Superintendencia de Transporte informó que, ante la alta congestión, activó una presencia institucional permanente en los puntos críticos de la vía a Buenaventura y que el PMU continúa escuchando y socializando el pliego de peticiones de los actores de la cadena logística.
