El sistema de salud colombiano volvió a entrar en zona de turbulencia. Durante el Consejo de Ministros del lunes, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia que sacudió al sector: las EPS bajo intervención estatal podrían ser liquidadas si continúan operando, en su criterio, como un mecanismo que absorbe recursos sin garantizar atención efectiva a los pacientes.
El pronunciamiento se dio tras conocerse un concepto del Consejo de Estado que autoriza el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas de periodos anteriores, siempre que no estén vencidas ni afecten la prestación del servicio. El alto tribunal respondió así a una consulta del Ministerio de Salud sobre la aplicación del principio de anualidad, concluyendo que este no aplica a la UPC, al no hacer parte del Presupuesto General de la Nación y tener una destinación específica para salud.
Para el Gobierno, esta interpretación cambia las reglas del juego. Para el presidente Petro, en cambio, enciende todas las alarmas.
“El problema es que si usan la plata del presente para pagar el pasado, no hay atención hoy. Es mejor liquidarlas que tenerlas (…) usar esos recursos para pagar deudas sería una estafa al Estado”, sentenció el mandatario, en abierta contradicción con el alcance práctico del concepto del Consejo de Estado.
Petro advirtió que las EPS intervenidas quedarían atrapadas en una espiral financiera insostenible, donde los recursos actuales se destinan a tapar huecos históricos sin resolver los problemas estructurales del sistema. En su discurso, insistió en que mantener vivas entidades quebradas equivale a sostener un “barril sin fondo”.
El Consejo de Estado fue claro en señalar que la UPC es un recurso parafiscal, el principal mecanismo de financiación del Plan de Beneficios en Salud (PBS) por afiliado. Aunque se fija anualmente, la restricción no está en el año de entrega del dinero, sino en su uso exclusivo para fines de salud, incluidos compromisos financieros válidos.
Sin embargo, el presidente volvió a cargar contra el modelo de aseguramiento, al que calificó como un fracaso estructural, asegurando que los indicadores no muestran mejoras reales desde hace más de una década y que las deudas acumuladas evidencian una crisis crónica que ni siquiera las intervenciones del Gobierno han logrado contener.
El caso de Nueva EPS se convirtió en el símbolo del debate. Bajo intervención estatal, entre junio y diciembre de 2024 su deuda creció cerca de un billón de pesos, mientras que a comienzos de 2025 las quejas de los usuarios se dispararon. Pese a ello, la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la intervención por un año más y el Ministerio de Salud aseguró que la crisis no era consecuencia directa de la medida, una explicación que no convenció ni a expertos ni a pacientes.
Y Nueva EPS no está sola. En la lista de entidades intervenidas también figuran Coosalud (3,1 millones de afiliados), Famisanar (3 millones), Savia Salud (1,6 millones), Asmet Salud (1,8 millones), Emssanar (1,7 millones), Servicio Occidental de Salud (750 mil) y Capresoca (170 mil). En total, millones de colombianos quedarían en el limbo si se concreta una liquidación masiva.
Mientras el Gobierno defiende la liquidación como una salida “responsable”, críticos advierten que podría convertirse en un tiro en el pie para un sistema ya colapsado.
