En una decisión que sacudió el tablero político nacional, el histórico Partido Conservador Colombiano confirmó que no presentará candidato propio en las elecciones presidenciales de 2026, una determinación que rompe con la tradición de más de un siglo de participación directa en las contiendas por la Casa de Nariño.
La decisión fue adoptada por el Directorio Nacional de la colectividad, que optó por apostarle a una estrategia de alianzas políticas para influir en la elección presidencial, en lugar de competir con un aspirante propio.
Como parte de esa estrategia, el presidente del partido, el senador Efraín Cepeda, recibió autorización para iniciar conversaciones con algunos de los candidatos que ya formalizaron su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Entre los nombres que podrían recibir el respaldo oficial del conservatismo figuran la senadora Paloma Valencia, quien aspira a la Presidencia junto al economista Juan Daniel Oviedo, así como el abogado Abelardo de la Espriella, cuya fórmula vicepresidencial es el exministro José Manuel Restrepo.
La decisión resulta aún más sorpresiva si se tiene en cuenta que dentro del partido existían varias figuras que habían manifestado su interés en representar al conservatismo en la carrera presidencial.
Entre ellos estaban la representante Juana Carolina Londoño, el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, el coronel retirado Carlos Velásquez y el propio Efraín Cepeda, quien aparecía como el nombre más visible para liderar la candidatura.
Sin embargo, la colectividad decidió no presentar aspirante propio, manteniendo su línea ideológica conservadora pero inclinándose por respaldar una candidatura que represente mejor sus intereses dentro del actual escenario político.
La decisión del partido se produce en medio de un fuerte escándalo judicial que ha salpicado a la colectividad.
El representante a la Cámara Wadith Alberto Manzur fue requerido por la Corte Suprema de Justicia luego de ser reelegido con una votación destacada en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.
La Sala de Instrucción del alto tribunal lo investiga por presunto cohecho impropio, en un caso que estaría relacionado con un esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Según el expediente, el congresista habría participado en un intercambio de favores políticos: apoyar con su voto la aprobación de créditos y cupos de endeudamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro a cambio del direccionamiento de contratos públicos.
La investigación menciona proyectos de obras e interventorías en municipios como Cotorra, El Salado y Saravena, que superarían los 80.000 millones de pesos.
Las declaraciones de los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, fueron clave para que la Corte considerara que existían elementos suficientes para ordenar su captura.
A diferencia de otros casos similares, a Manzur se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que su libertad podría afectar el proceso judicial. El congresista se entregó voluntariamente el 12 de marzo en el búnker de la Fiscalía, insistiendo en su inocencia y asegurando que confía en la justicia.
Aunque la dirección del partido no ha confirmado oficialmente que el escándalo haya influido en la decisión de no presentar candidato presidencial, el caso ha generado un fuerte impacto en la imagen del conservatismo en plena temporada electoral.
Mientras avanza la investigación judicial y se definen las alianzas políticas, el Partido Conservador enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente, en medio de una campaña presidencial que ya comienza a calentarse y donde su respaldo podría terminar siendo decisivo para inclinar la balanza en 2026.
