El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, enfrentará juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá. Los hechos que hoy lo tienen en el centro de una investigación judicial se remontan al año 2009, cuando, según el expediente, habría intervenido para favorecer la adjudicación de la construcción del nuevo Hospital de Usme a cambio de una comisión del 10 % del contrato.
El proceso avanza bajo la radicación interna No. 01321 y está en manos del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, ponente del caso. Durante la audiencia del pasado 26 de mayo, la Sala Especial de Primera Instancia atendió las solicitudes de la defensa y de la Fiscalía, y determinó que el funcionario debía comparecer personalmente.
Sanguino, quien inicialmente se excusó por motivos laborales, fue obligado a asistir de manera virtual por orden directa del tribunal. “Buenas tardes, honorable magistrado, por indicación de mi abogado defensor, concurro a esta audiencia. Estaba atendiendo asuntos relacionados con mi responsabilidad como ministro, pero acabo de suspenderla para comparecer…”, expresó el ministro ante el magistrado Caldas.
La intervención de Sanguino marcó un punto de inflexión en la diligencia, luego de que la Sala rechazara su ausencia inicial y reiterara la importancia de su presencia, debido a la gravedad de los cargos en su contra.
La Fiscalía de la Corte Suprema sostiene que Sanguino, entonces concejal de Bogotá, habría influido para que el secretario de Salud de la época, Héctor Julio Gómez, nombrara a Liliana Patricia Paternina como gerente del Hospital de Usme, con el fin de tener control sobre la contratación del centro médico.
“El propósito era tener el control del citado hospital, especialmente de la contratación que este debía adelantar; actuando por fuera del deber que tenía como servidor público de proceder con transparencia e imparcialidad”, señala el documento judicial.
La acusación va más allá del nombramiento. Según el expediente, Sanguino habría coordinado con contratistas la adjudicación de obras dentro del hospital, incluyendo la nueva sede, exigiendo como contraprestación un porcentaje del valor de los contratos.
El delito que se le imputa es tráfico de influencias como servidor público, tipificado como conducta continuada, lo que podría acarrear graves sanciones penales, así como repercusiones políticas.
El juicio contra Sanguino se da en un momento clave para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio del debate legislativo sobre la reforma laboral impulsada desde el Ministerio de Trabajo. La situación ha generado preocupación entre sectores políticos y sociales, y ya se escuchan voces en el Congreso que exigen la renuncia del ministro.
La permanencia de Sanguino en el gabinete, en medio de este escándalo judicial, podría tensar aún más el ambiente político del país y afectar el curso de una de las reformas más importantes del actual gobierno.
