El Ministerio de Trabajo encendió las alarmas en Ibagué tras imponer un plan de mejora inmediata a la empresa D1 S.A.S., luego de detectar posibles vulneraciones a las normas laborales durante una visita de inspección. La medida, de carácter preventivo y cautelar, fue adoptada tras hallarse indicios de exceso en las jornadas laborales, afectaciones a la libertad sindical y presuntas tercerizaciones irregulares en el área de transporte.
Según el reporte oficial, los inspectores del Ministerio encontraron irregularidades graves en las condiciones de trabajo y posibles prácticas contrarias a la ley, lo que llevó a ordenar a la compañía abstenerse de tomar represalias contra los empleados que declararon ante la Inspección de Trabajo. Entre ellos se encuentran miembros de los sindicatos SintraD1 y SNTIC, cuyos afiliados denunciaron despidos masivos y presiones internas.
La cartera laboral advirtió que el incumplimiento de las medidas impuestas podría derivar en sanciones administrativas severas y la aplicación de procesos por renuencia, conforme al artículo 90 de la Ley 1437 de 2011.
“Se reafirma el compromiso del Ministerio de Trabajo con el trabajo decente, la no discriminación y la aplicación de la Ley 2466 de Reforma Laboral. Desde el Gobierno del Cambio continuamos velando por la garantía de los derechos de los trabajadores colombianos”, enfatizó el ministro Antonio Sanguino.
La visita de inspección se produjo tras múltiples denuncias de trabajadores y organizaciones sindicales, que alertaron sobre tercerización indebida en el transporte de mercancías y el despido de al menos 34 conductores, en su mayoría sindicalizados. Los inspectores también reportaron fallas de infraestructura y seguridad laboral, como goteras, muelles deteriorados, deficiente iluminación, obstrucción de salidas de emergencia y extintores fuera de norma.
La situación ha generado gran controversia, pues D1, una de las cadenas de tiendas más grandes y populares del país, ha sido reconocida por su modelo de expansión y bajos precios. Sin embargo, este nuevo episodio pone en entredicho su política laboral y podría desencadenar un proceso sancionatorio que afecte su reputación corporativa.
Mientras avanza la investigación, el Ministerio de Trabajo exigió a la empresa acreditar el cumplimiento inmediato de las medidas correctivas. De no hacerlo, podría enfrentar multas millonarias y acciones judiciales por vulneración de derechos fundamentales de sus empleados.
