Colombia acaba de marcar un antes y un después en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con la entrada en vigor de la Ley 2524 de 2025, una normativa que por primera vez establece reglas claras y detalladas para los procesos de restitución internacional de menores de edad. Sin embargo, el nuevo marco legal ya genera polémica por el alcance de sus disposiciones y el impacto que podría tener en casos con alta carga emocional y familiar.
Hasta ahora, el país se regía por convenios internacionales como el Convenio de La Haya de 1980 y disposiciones generales del Código de Infancia y Adolescencia, sin una regulación integral. Esto, según expertos, generaba vacíos jurídicos, demoras y decisiones dispares en procesos donde el tiempo y la estabilidad emocional del menor son cruciales.
La Ley 2524 establece procedimientos judiciales y administrativos más ágiles para garantizar la restitución inmediata de menores de 16 años que hayan sido trasladados o retenidos ilícitamente en otro país. Entre sus principales novedades destacan:
- Visitas internacionales: por primera vez se contempla que, si se niega la restitución, los jueces puedan autorizar un régimen de visitas internacionales provisionales, con el fin de proteger los vínculos familiares del menor.
- Causales de oposición precisas: la norma recoge y amplía las excepciones del Convenio de La Haya, incluyendo el consentimiento previo de los padres, el riesgo grave para el niño en el país de retorno o la objeción del menor con suficiente madurez.
- Medidas de protección complementarias: los jueces podrán ordenar acciones específicas para mitigar riesgos en el país de retorno, garantizando la integridad física y psicológica de los niños.
- Procedimiento exprés: el juez que reciba una solicitud de restitución emitirá un mandamiento inicial y otorgará tres días hábiles para que la parte demandada cumpla voluntariamente o justifique su oposición.
Aunque la ley ha sido celebrada por organizaciones de protección infantil, sectores críticos advierten que podría abrir la puerta a decisiones apresuradas que desconozcan contextos familiares complejos, especialmente en casos donde existen denuncias de violencia intrafamiliar o abuso.
Algunos especialistas sostienen que los plazos tan cortos podrían limitar el derecho a la defensa de los padres o tutores, y alertan sobre el riesgo de que se privilegie la restitución mecánica del menor sin valorar suficientemente las condiciones reales de su entorno.
La restitución internacional procede cuando un menor es trasladado ilícitamente de un país a otro sin consentimiento de sus padres o permanece retenido sin causa justificada en un país donde no tiene arraigo. Con esta ley, Colombia busca cumplir con los compromisos del derecho internacional y garantizar que los niños mantengan su residencia habitual, su red de apoyo y sus derechos esenciales.
