La carrera por la Presidencia de 2026 arrancó con un remezón de proporciones mayúsculas. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que, tras la revisión de firmas presentadas por los grupos significativos de ciudadanos, más de cinco millones de rúbricas fueron invalidadas, dejando en evidencia una depuración masiva que compromete seriamente las aspiraciones de varios precandidatos.
La información, divulgada inicialmente en redes sociales y expuesta por la periodista Cecilia Orozco, destapó cifras que hoy generan controversia en el panorama político.
Uno de los casos más llamativos es el del abogado y empresario Abelardo de la Espriella. De los 5.079.000 registros que entregó, solo 1.978.108 fueron válidos, lo que significa que el 62% de sus apoyos fue anulado. Aunque superó ampliamente el umbral mínimo exigido, el porcentaje de invalidación encendió el debate.
Pero no fue el único. Carlos Caicedo presentó 2.431.425 firmas, de las cuales 1.691.823 fueron invalidadas, equivalente al 69,6%. Aníbal Gaviria registró una anulación del 68,1% (1.578.175 de 2.316.120), mientras que Mauricio Lizcano perdió el 60,5% de sus apoyos.
La tendencia se repite: Vicky Dávila vio anuladas 549.382 de 1.236.150 firmas (44,4%); Claudia López perdió el 49,8%; Carlos Felipe Córdoba el 47,9%; Luis Gilberto Murillo el 45,3%; Daniel Palacios el 41,8%; y otros aspirantes como Sondra Macollins y Leonardo Huertas enfrentaron porcentajes superiores al 40%.
Solo algunos nombres lograron mantener el índice de anulación por debajo del 30%. David Luna tuvo un 28,6% de firmas no admitidas y Santiago Botero un 29,5%, aunque ambos también perdieron cientos de miles de respaldos.
La Registraduría recordó que el requisito mínimo para inscribir candidatura por firmas era de 635.216 apoyos válidos, equivalente al 3% de los votos válidos en la primera vuelta presidencial de 2022 (21.173.842 votos).
Tras el análisis técnico realizado en enero, la entidad aclaró que, de los 22 grupos significativos que presentaron firmas, solo en dos se detectaron posibles fraudes o delitos, casos que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
En el caso de Abelardo de la Espriella, la Registraduría señaló que las inconsistencias detectadas corresponden principalmente a incidencias administrativas, datos ilegibles, registros que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación o personas que no figuran en el censo electoral. Es decir, no se le atribuyen indicios de fraude.
La entidad también enfatizó que las orientaciones políticas de los ciudadanos son derechos fundamentales y que la información de los firmantes solo puede utilizarse para verificar apoyos, no para hacerse pública.
Aunque la mayoría de aspirantes logró superar el umbral mínimo, la magnitud de las anulaciones deja una sombra sobre la calidad de los procesos de recolección y sobre la verdadera fuerza ciudadana detrás de algunas candidaturas.
