La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra Juliana Guerrero, actual delegada de la Presidencia ante el Consejo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Según la investigación, Guerrero habría utilizado títulos universitarios presuntamente falsos para respaldar su aspiración al cargo de viceministra de Juventudes, sin haber cumplido con los requisitos académicos y posteriormente incorporar esos títulos académicos de Contaduría Pública, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contabilización de Operaciones Comerciales en la plataforma SIGEP II para fortalecer su hoja de vida.
La Fiscalía sostiene que, la hoy procesada no asistió a clases, no presentó evaluaciones, no estuvo matriculada en la Fundación Universitaria San José y tampoco cumplió los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación para recibir ese grado académico.
Con base en el escrito de acusación, la investigada “sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando” y, aun así, decidió presentarlos para inducir en error a la autoridad encargada del nombramiento.
En el mismo proceso fue acusado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la institución educativa, por presuntamente certificar de manera irregular que Guerrero cumplía con los requisitos para obtener los títulos académicos.
De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario firmó resoluciones y documentos oficiales en los que certificó que Guerrero había cumplido todos los requisitos académicos y legales para obtener los títulos de tecnóloga y contadora pública.
Pese al avance del proceso, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente a Guerrero, afirmando que aún no existe una decisión judicial que demuestre la falsedad de sus estudios y recordó que nunca ejerció como viceministra.
El jefe de Estado admitió, además, que fue un error exponer públicamente a la joven durante una transmisión televisiva, situación que, según dijo, desencadenó una ola de rumores, ataques en redes sociales y amenazas de muerte contra ella y su familia.
Con la radicación del escrito de acusación, el caso entra en etapa de juicio oral, donde la Fiscalía deberá demostrar la responsabilidad de los procesados y la defensa podrá controvertir las pruebas presentadas.
Será en ese escenario donde la Fiscalía deberá demostrar la autenticidad de las pruebas que dice haber recopilado y la responsabilidad que atribuye a los procesados, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir cada uno de los señalamientos.
