La entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, sacudió de inmediato el mercado de licores y cigarrillos en Colombia. El fuerte incremento de impuestos, que busca elevar el recaudo nacional en más de 11 billones de pesos, ya se traduce en alzas históricas de precios, preocupación en las regiones y una creciente controversia política y jurídica.
El cambio más drástico del decreto es el aumento del IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5 % al 19 %, encareciendo de forma inmediata el precio final al consumidor. A esto se suma un incremento del 119 % en el componente específico del impuesto al consumo, que subió de 342 a 750 pesos por grado alcoholimétrico en presentaciones de 750 mililitros.
El golpe fiscal se completa con el alza del componente ad valorem, que pasó del 25 % al 30 %, afectando de manera directa a aguardientes, rones, whiskys y otras bebidas alcohólicas. En el caso de los cigarrillos, el impacto es aún más evidente: el impuesto por cajetilla pasó de poco más de 4.000 pesos a superar los 11.000, más del doble del valor anterior.
Las principales licoreras del país ya revelaron los nuevos precios sugeridos para 2026, con aumentos que superan el 40 %:
- Aguardiente Amarillo de Manzanares (750 ml): de 49.705 a 71.112 pesos (+43 %).
- Ron Viejo de Caldas tradicional (750 ml): de 54.545 a 84.604 pesos (+55 %).
- Aguardiente Antioqueño (750 ml): los impuestos pasan de 17.500 a 33.000 pesos (+48 %).
- Rones: incrementos superiores al 45 % en el precio final.
Los whiskys importados tampoco escapan al ajuste. Un Old Parr 12 años ahora oscila entre 136.000 y 178.000 pesos, mientras que el Buchanan’s estándar alcanza precios de hasta 215.000 pesos, según la presentación.
Las autoridades regionales coinciden en que el alza de precios favorecerá el mercado ilegal. Actualmente, se estima que el 24 % del licor consumido en Colombia es de origen ilegal, cifra que podría aumentar con los nuevos tributos.
El analista Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, explicó que las bebidas alcohólicas representan el 3,88 % del gasto de los hogares y cerca del 1,7 % del IPC. Con el nuevo IVA, los precios subieron alrededor de 13 %, lo que impacta el IPC total en 0,22 %, presionando aún más el costo de vida de los colombianos.
El decreto no solo encendió las alarmas económicas, sino también las políticas. 17 de los 32 gobernadores del país desconocieron la emergencia económica que dio origen a la medida, calificándola de inconstitucional. A esto se suma la demanda presentada ante la Corte Constitucional por el senador Fernando Motoa, quien cuestiona la justificación de la emergencia y advierte que el traslado de recursos de las regiones a la Nación pone en riesgo programas sociales y educativos.
