Una nueva controversia sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro tras conocerse que, entre el 26 y el 30 de enero de 2026 —justo en la antesala de la entrada en vigor de la Ley de Garantías—, el Ejecutivo adjudicó contratos de publicidad institucional por un valor total de $71.893 millones, en medio de una declarada emergencia económica, social y ambiental.
La denuncia fue hecha por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien calificó la contratación como un “derroche” y advirtió sobre un posible uso político de los recursos públicos en año electoral. Según la congresista, el volumen del gasto, su concentración y el momento en que se firmaron los contratos prenden todas las alarmas.
De acuerdo con el informe presentado, cerca del 90% de los recursos —más de $64.000 millones— fueron adjudicados a Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), entidad que recibió 12 de los 16 contratos firmados durante esa semana. El resto se distribuyó entre la Sociedad de Televisión de Caldas, Quindío y Risaralda Ltda., Servicios Postales Nacionales S.A.S. y la Confederación Colombiana de Consumidores.
“Firmar más de $70.000 millones en propaganda institucional justo antes de la Ley de Garantías, mientras el país atraviesa una emergencia económica y social, es una falta de respeto con los colombianos. La pauta institucional no puede convertirse en una herramienta de promoción política en año electoral”, afirmó Miranda.
Los contratos cuestionados involucran a una amplia lista de entidades del Gobierno nacional, entre ellas el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los ministerios de Educación, Justicia, Salud, Cultura, Interior, Ambiente, Relaciones Exteriores, Transporte y Deporte, así como la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia Nacional de Salud y otras dependencias estratégicas del Estado.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la comparación histórica. Según Miranda, en el mismo periodo de 2022, bajo el gobierno de Iván Duque Márquez, Rtvc recibió alrededor de $1.500 millones en contratos de pauta oficial. En contraste, en enero de 2026 la cifra superó los $64.000 millones, lo que representa un incremento del 4.166%, es decir, más de 42 veces el monto asignado cuatro años atrás.
Para la congresista, este crecimiento exponencial no solo carece de justificación técnica, sino que podría constituir un direccionamiento indebido de recursos públicos. “Es evidente un uso de la pauta institucional para posicionar la agenda del Gobierno con recursos de todos los colombianos, convirtiendo la comunicación estatal en propaganda gubernamental”, sostuvo.
Miranda advirtió además posibles vulneraciones a los principios de transparencia, planeación y neutralidad en la contratación estatal, y anunció que llevará la documentación ante los organismos de control para que se investiguen eventuales irregularidades y se determinen responsabilidades.
Los contratos, según la denuncia, estaban destinados a campañas de comunicación, divulgación institucional, producción de contenidos y difusión en medios tradicionales y digitales, y fueron firmados en los días inmediatamente previos a las restricciones legales de la Ley de Garantías.
La revelación reaviva el debate sobre el uso de la pauta oficial, la centralización de las comunicaciones del Estado y los límites entre información institucional y propaganda política en una administración que enfrenta crecientes cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos en un año decisivo para la democracia colombiana.
