En medio del brillo, los lanzamientos y los millones de dólares que rodean al XIX Salón Internacional del Automóvil, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, soltó este viernes una bomba que ya genera tensiones en el sector industrial: el Gobierno alista un decreto que modificaría el Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Automotor y de la Seguridad Vial (IAMAS), permitiendo que ensambladoras como Renault puedan compartir o ceder beneficios arancelarios a empresas aliadas, incluso a filiales del mismo grupo económico.
El anuncio, hecho desde el pabellón de Renault —la única ensambladora de vehículos que aún opera en Colombia—, promete impulsar la reindustrialización del país, pero también despierta suspicacias sobre una posible concentración de ventajas en manos de un único jugador del mercado.
Según Morales, el decreto busca atraer inversión extranjera, fortalecer la industria autopartista y ampliar la capacidad exportadora del país. Sin embargo, voces dentro del sector ya advierten que la medida podría abrir la puerta a “importaciones disfrazadas” y a una competencia desigual si no se establecen controles estrictos.
“El objetivo es dinamizar el ensamble local y consolidar alianzas tecnológicas que impulsen la fabricación nacional. Diseñamos herramientas para atraer inversión hacia este sector productivo y fortalecer la cadena autopartista”, aseguró la ministra.
El cambio más polémico del decreto radica en que el tradicional cupo anual para importar vehículos con arancel del 0% —beneficio exclusivo de las ensambladoras— podrá ser transferido parcialmente a otras empresas del mismo grupo empresarial. Esto significa que compañías asociadas a Renault, por ejemplo, podrían acceder al beneficio para traer vehículos sin arancel, siempre que cumplan ciertos compromisos de producción e inversión.
Aunque el Ministerio insiste en que el objetivo es fortalecer la industria nacional, el hecho de que Renault sea hoy la única ensambladora activa en Colombia deja al Gobierno bajo presión: cualquier ajuste al IAMAS favorece inevitablemente a la compañía francesa, lo que podría generar reclamos de otros jugadores del sector automotor, particularmente importadores y distribuidores.
El Gobierno defiende la iniciativa como un catalizador para la industria, que actualmente genera más de 600.000 empleos y representa cerca del 7% del PIB industrial. No obstante, críticos sostienen que el decreto podría convertirse en un traje a la medida para un solo fabricante, sin garantías claras de que los beneficios se traduzcan en producción nacional o exportaciones reales.
