La Fundación de Educación Superior San José quedó en el centro de una nueva polémica nacional luego de que el Ministerio de Educación anunciara la apertura de una investigación preliminar por presuntas irregularidades académicas. El detonante: la anulación de los títulos universitarios que la institución había otorgado a Juliana Guerrero, quien asegura haber cursado y aprobado dos programas en esa universidad.
El Ministerio informó que el proceso se abrió “luego de varias visitas de inspección” realizadas desde marzo de 2025, en las que se habrían encontrado posibles incumplimientos en procesos internos y en la normativa educativa vigente. La institución podría enfrentar sanciones si se confirma la existencia de fallas estructurales en su sistema académico.
La crisis estalló cuando la Fundación San José anunció la anulación de los títulos de Guerrero en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y en Contaduría Pública. Según la institución, “no existe registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones” por parte de la joven en sus plataformas académicas.
Pero Guerrero respondió con fuerza. En entrevista con un medio nacional, aseguró que sí estudió, presentó trabajos y evaluaciones, y que la universidad tiene evidencia de sus notas y actas. “Durante meses me dijeron que solo me faltaba presentar las Saber Pro. ¿Por qué ahora cambian todo?”, cuestionó.
En un pronunciamiento público, la Fundación San José aseguró operar con normalidad y calificó la situación como un intento injustificado de afectar su reputación.
La institución declaró ser “víctima de las presuntas irregularidades que hoy se investigan” y rechazó tajantemente que el caso esté siendo “manipulado con fines políticos o electorales”. También negó cualquier acto de corrupción y defendió la integridad de sus procesos académicos.
Además, envió un mensaje directo a estudiantes y egresados: “Ningún estudiante ni egresado perderá sus derechos educativos”, insistiendo en que ha entregado toda la información requerida por el Ministerio y que continuará colaborando.
El conflicto, que involucra a una estudiante, una universidad privada y ahora al propio Ministerio, ha abierto interrogantes sobre la trazabilidad académica, la confiabilidad de los sistemas internos y el manejo de títulos universitarios en el país.
Mientras Guerrero mantiene que la institución borró o alteró su historial, la Fundación sostiene que nunca existió. El Ministerio, por su parte, busca determinar quién dice la verdad.
Lo cierto es que la controversia apenas comienza, y el caso Juliana Guerrero podría convertirse en uno de los mayores escándalos recientes en la educación superior colombiana.
