La muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, encendió las alarmas judiciales y volvió a poner en el centro del debate al sistema de salud. La Fiscalía General de la Nación abrió indagación para establecer si hubo responsabilidad penal por parte de la Nueva EPS en el fallecimiento del menor, quien, según denuncias, habría permanecido al menos dos meses sin recibir el medicamento vital para controlar su enfermedad.
Fuentes del ente acusador confirmaron que un fiscal de la Unidad de Vida lidera la investigación para esclarecer si la interrupción del tratamiento pudo incidir directamente en el desenlace fatal. El niño falleció el 13 de febrero, luego de sufrir graves complicaciones tras una caída en bicicleta. De acuerdo con la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), el menor presentó un sangrado cerebral que puso en riesgo su vida, un escenario particularmente crítico en pacientes con hemofilia.
Según Fecoer, Kevin no habría podido acceder al medicamento desde diciembre de 2025. La última dosis le fue aplicada el 14 de diciembre. Desde entonces, la incertidumbre marcó su proceso.
Nueva EPS confirmó que el menor estaba afiliado al régimen subsidiado y que su tratamiento profiláctico mensual se realizaba en Pitalito (Huila) desde 2019. No obstante, explicó que la madre solicitó un traslado temporal a Charalá (Santander), donde el prestador asignado fue Integral Solutions. Allí, la aplicación del medicamento habría sido programada para el 27 de enero en Bucaramanga.
Sin embargo, la madre pidió la terminación de la portabilidad y regresó a Pitalito. Según la EPS, ese movimiento administrativo afectó la continuidad del tratamiento, aunque aseguraron haber gestionado de inmediato la prestación del servicio nuevamente en el municipio huilense.
La familia del menor contradice esa explicación. Sergio Torres, primo de Kevin y también paciente con hemofilia, afirmó que la IPS Integral Solutions no pudo continuar el tratamiento porque no tenía contrato vigente con la EPS.
“Le dijeron textualmente que no podían continuar porque no habían firmado contrato con la EPS”, relató en entrevista con medios nacionales, asegurando que la madre incluso viajó a Cali en busca de atención sin lograr la continuidad del suministro.
El caso no sería aislado. Sergio Robledo Riaga, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, advirtió que decenas de pacientes estarían en la misma situación. “Tengo más o menos 50 pacientes, con potencialidad de otros 50 casos como Kevin, que no han recibido su medicamento desde diciembre”, señaló.
La Sociedad Colombiana de Pediatría también se pronunció, expresando su profunda preocupación por cualquier interrupción en tratamientos esenciales para patologías crónicas y de alto riesgo. La entidad pidió a las autoridades adelantar todas las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.
Nueva EPS se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, lo que añade un componente adicional de escrutinio institucional. Ahora, la Fiscalía deberá determinar si hubo omisiones, negligencia o fallas estructurales que puedan configurar responsabilidades penales.
Kevin Acosta murió a los siete años. Y su caso podría convertirse en un punto de inflexión para el sistema de salud colombiano.
