La infiltración de estructuras armadas en instituciones educativas de Jamundí encendió una alerta roja en el suroccidente del país. Según la Fundación Territorio de Paz, el reclutamiento forzado de menores en la zona se ha triplicado en los últimos tres años, pasó de 76 reportes a más de 300 casos verificados y denunciados ante la justicia.
La cifra expone una crisis silenciosa en siete corregimientos de la zona alta —Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia— donde, de acuerdo con el informe, opera la disidencia Jaime Martínez, señalada de infiltrar escuelas haciéndose pasar por estudiantes para persuadir a niños y adolescentes de unirse a sus filas.
El modus operandi, advierten las organizaciones sociales, combina presencia física y estrategia digital. Integrantes del grupo armado buscarían ganarse la confianza de los menores dentro de los planteles educativos y, paralelamente, intensifican su actividad en redes como Facebook y TikTok con mensajes dirigidos a adolescentes vulnerables.
La táctica apunta a aprovechar carencias económicas, falta de oportunidades y ausencia institucional para ofrecer dinero, pertenencia o supuesta “protección”. El resultado son jóvenes expuestos a una maquinaria criminal que normaliza la violencia desde edades tempranas.
Lina Tabares, representante de la Fundación Territorio de Paz, fue contundente: “Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio”. La denuncia reabre el debate sobre el control territorial en zonas rurales del Valle del Cauca.
La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, pidió a las familias denunciar formalmente los casos para que la fuerza pública y la Fiscalía puedan actuar.
“Muchas veces nos cuentan lo que sucede, pero sin denuncia es imposible investigar. Puede ser anónimo, no tengan miedo. Necesitamos información”, afirmó la mandataria, reconociendo que el silencio, muchas veces motivado por temor a represalias, dificulta las acciones judiciales.
La comunidad, aunque reconoce la ofensiva militar en la zona, exige garantías reales de seguridad para denunciar sin exponerse a retaliaciones.
El reclutamiento de menores por parte de disidencias no es un fenómeno aislado. Autoridades colombianas han advertido que la estructura liderada por Iván Mordisco tendría un alto porcentaje de menores en sus filas, lo que agrava el panorama nacional.
Desde el ámbito internacional, el llamado también es urgente. El UNICEF advirtió que el impacto del reclutamiento y la violencia sobre la niñez puede dejar secuelas de por vida. “Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados”, señaló su representación en Colombia.
La denuncia de infiltración en entornos educativos eleva la gravedad del asunto, las aulas, concebidas como espacios de protección y aprendizaje, estarían siendo usadas como terreno de captación.
Jamundí enfrenta hoy una encrucijada: o se refuerza de manera contundente la presencia estatal en sus corregimientos, o la generación más joven seguirá siendo blanco de estructuras criminales que ven en la vulnerabilidad una oportunidad de expansión.
