Lo que comenzó como una denuncia por irregularidades en la contratación de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido hoy en uno de los escándalos de corrupción más graves del actual gobierno. Un reciente informe de la Fiscalía General de la Nación, al que accedió la revista Semana, revela la existencia de un organigrama criminal de varias capas que habría operado desde las entrañas del poder ejecutivo.
En la cima de la estructura aparece un nombre que hasta hace poco figuraba entre los círculos más cercanos al presidente Gustavo Petro: Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, actualmente prófugo y refugiado en Nicaragua. La Fiscalía lo señala como el principal articulador del esquema de corrupción que transformó a la UNGRD en una especie de caja menor para comprar favores políticos.
El documento detalla cómo desde la oficina de González en la Casa de Nariño se emitían órdenes directas para canalizar recursos a congresistas y líderes políticos, usando contratos amañados y pagos disfrazados de inversión social.
Ministros en la mira
En un segundo nivel, el organigrama criminal incluye a pesos pesados del gobierno Petro: Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Ambos han sido señalados por sus nexos con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y por su participación en reuniones privadas para ocultar o controlar información sensible sobre los contratos adjudicados.
Velasco fue mencionado por Sneyder Pinilla, exfuncionario de la UNGRD, como interlocutor directo de Olmedo López en una reunión en el hotel Grand Hyatt de Bogotá. Por su parte, Bonilla habría sido el puente directo entre el gobierno central y López, involucrando a sus propias asesoras, una de las cuales, María Alejandra Benavides, se ofreció a colaborar con la justicia.
Una red que se extiende a regiones y campañas
Otro nombre clave en la red es el de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien fue imputada por coordinar la entrega de sobornos a congresistas como Iván Name, expresidente del Senado. Aunque intentó negociar con la Fiscalía un principio de oportunidad, sus pruebas fueron consideradas insuficientes.
El escándalo también alcanza a figuras en ascenso dentro de la política nacional. El excandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, fue mencionado por su cercanía con Pedro Andrés Rodríguez, detenido por corrupción, y Diana Martínez, asesora directa de Olmedo López. Aunque aún no ha sido citado formalmente, su aparición en el organigrama ha levantado alarmas políticas.
La maquinaria desde adentro
En la base de la pirámide se ubican los funcionarios operativos de la UNGRD y los contratistas encargados de ejecutar las órdenes. Pedro Andrés Rodríguez, Diana Carolina Martínez y Víctor Meza fueron quienes habrían organizado el pago de sobornos, manipulación de contratos y entrega de porcentajes ilegales a través de empresas fachada.
Uno de los principales contratistas, Luis Eduardo López, alias el Pastuso, es señalado como pieza clave en el flujo de dinero hacia terceros, utilizando familiares y empresas de papel para legalizar las operaciones.
Justicia lenta y salidas del país
Pese a que ya hay más de 30 personas vinculadas al proceso, y al menos tres han aceptado cargos y devuelto dinero, muchas de las figuras señaladas por los testigos no han sido llamadas a declarar. Otros, como González y Manrique Soacha, han salido del país, complicando la labor de la Fiscalía.
Con el principio de oportunidad en trámite para Sneyder Pinilla, quien ha aportado información clave, se espera que el caso avance hacia los niveles más altos de responsabilidad. No obstante, el desafío será mayúsculo: desmantelar una red que, según la Fiscalía, fue diseñada para perdurar, con ramificaciones que aún no terminan de revelarse.
