Un nuevo capítulo, tan explosivo como polémico, se abre en el ya convulsionado proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir investigación disciplinaria contra tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por presuntas irregularidades en la sentencia absolutoria emitida en octubre de 2025.
La decisión, notificada el 17 de febrero de 2026, pone bajo la lupa a los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes integraron la mayoría que absolvió al exmandatario en un fallo que ya generaba intensos debates jurídicos y políticos en el país.
Según el auto de apertura, la actuación disciplinaria se dirige a establecer si hubo “presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades” en el proceso penal en el que se profirió sentencia el 14 de octubre de 2025, cuya lectura se realizó el 21 de octubre siguiente.
El punto más delicado, la eventual participación de un magistrado que habría estado impedido para intervenir en la decisión. De comprobarse, no solo se trataría de una falta disciplinaria, sino de una controversia que podría reabrir el debate sobre la legitimidad del fallo que absolvió al expresidente.
Antes de esta apertura disciplinaria, la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, estudió una acción de tutela interpuesta por el mismo ciudadano que ahora promovió la queja disciplinaria.
El accionante alegó que la omisión en la declaratoria de impedimento “alteró la conformación del tribunal” y que el resultado —adoptado por mayoría de dos votos contra uno— pudo haberse modificado, afectando el debido proceso y el principio de imparcialidad judicial.
Sin embargo, la Corte rechazó la tutela por falta de legitimación en la causa por activa. En términos contundentes, el alto tribunal dejó claro que la condición de veedor ciudadano no otorga habilitación procesal para impugnar decisiones judiciales cuando no existe afectación directa de derechos fundamentales.
La investigación ordenada por la Comisión no implica una declaración de responsabilidad. Es, formalmente, el inicio de la fase investigativa: práctica de pruebas, verificación de hechos y análisis de la eventual configuración de faltas disciplinarias.
No obstante, el impacto institucional es profundo. Que magistrados que absolvieron a uno de los políticos más influyentes y polarizantes del país queden bajo investigación por su actuación en ese mismo proceso añade una nueva capa de tensión al ya complejo panorama judicial colombiano.
Aunque el fallo absolutorio parecía haber puesto punto final a uno de los procesos más mediáticos y divisivos de la historia reciente, la apertura de esta investigación disciplinaria demuestra que el caso sigue generando ondas expansivas.
La jurisdicción disciplinaria tendrá la última palabra sobre si existieron irregularidades funcionales en la conformación del tribunal que decidió la suerte judicial del expresidente. Mientras tanto, la controversia revive y el país observa el proceso que sacudió a la política colombiana ahora examina a sus propios jueces.
