Un nuevo capítulo se suma al ya extenso prontuario judicial que rodea al ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidiera reactivar la investigación por el millonario desfalco al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción del sector educativo en el país.
De acuerdo con información revelada por un medio nacional, la Corte retomó el expediente que vincula al hoy ministro con un presunto esquema de cobro irregular de pensiones, que habría permitido el desvío de más de 150.000 millones de pesos mediante la suplantación de docentes, resoluciones falsas y complicidad de funcionarios públicos.
El caso, que involucra a abogados, jueces y exfuncionarios de la Fiduprevisora y de secretarías de Educación, se originó tras una compulsa de copias enviada por la Fiscalía en 2016, cuando Benedetti aún era senador.
“Se reabrió la línea investigativa que busca determinar el nivel de participación del entonces congresista en la red criminal que operó durante varios años en Córdoba”, informó una fuente judicial citada por el medio radial.
Según las pesquisas, el esquema consistía en la creación de expedientes y resoluciones de jubilación falsos a nombre de profesores inexistentes o suplantados, que luego eran tramitados por jueces y funcionarios corruptos para cobrar las mesadas ante el Fondo del Magisterio.
El magistrado Farfán, encargado del caso, ordenó la recolección de nuevas pruebas y la declaración de testigos clave, entre ellos exfuncionarios ya condenados por su participación en la red.
Entre los principales implicados figura el abogado Álvaro Enrique Burgos del Toro, considerado cabecilla del entramado, quien fue condenado a 22 años de prisión. En su confesión, Burgos del Toro aseguró que Benedetti le habría exigido el 20% de los recursos desviados, afirmación que la Corte considera clave dentro del proceso.
Otro de los testigos, Guillermo Raúl Rhenals Cova, condenado a 17 años de cárcel en 2018, también señaló la existencia de un patrón sistemático de corrupción judicial en el que se falsificaban demandas y poderes para reclamar pensiones fraudulentas.
La exjueza de Lorica, Catherine Carine Cogollo Reina, condenada a 7 años y 4 meses de prisión, fue llamada nuevamente a declarar por haber autorizado el pago de más de 6.000 millones de pesos en pensiones falsas a 21 supuestos docentes.
El magistrado Farfán también citó a Leonardo Luis Pinilla Gómez, alias “El Porcino”, conocido por su participación en el ‘Cartel de la Toga’ y vinculado además al ‘Cartel de la Hemofilia’, otro entramado de corrupción en Córdoba.
Pinilla deberá comparecer el jueves 13 de noviembre, y su testimonio podría revelar conexiones entre distintas redes delictivas, incluyendo posibles nexos políticos y financieros entre las estructuras de corrupción regionales.
Aunque los motivos exactos de su citación no han sido revelados, investigadores sostienen que El Porcino podría aportar información sobre presuntas alianzas entre abogados y funcionarios del alto gobierno para frenar investigaciones en su contra.
El ministro del Interior reaccionó con dureza ante la reactivación del proceso y calificó la decisión como una “persecución política y mediática”. Benedetti también arremetió contra la magistrada Cristina Lombana, quien recientemente ordenó un allanamiento en su residencia en Puerto Colombia (Atlántico) dentro de otro proceso judicial.
“Esa señora está enferma, demente y obsesionada conmigo. Ha torturado testigos y filtrado información a los medios”, dijo Benedetti, quien anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que considera un “abuso de poder judicial”.
El regreso del expediente a la Corte pone nuevamente bajo los reflectores a uno de los hombres más polémicos del gabinete del presidente Gustavo Petro. La oposición ya ha solicitado que Benedetti sea separado temporalmente del cargo mientras avanza la investigación, alegando “falta de garantías éticas” para seguir al frente del Ministerio del Interior.
