Una nueva carga económica cayó sobre las finanzas de la capital tolimense. Por primera vez en la historia, la Alcaldía de Ibagué deberá asumir con recursos propios los costos de alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran bajo custodia en el municipio, una obligación que hasta ahora era competencia del Gobierno Nacional.
La decisión, derivada de recientes disposiciones legales y fallos judiciales, fue confirmada por el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, quien advirtió que la medida generará un duro impacto fiscal en la administración local. Según estimaciones oficiales, el gasto anual superará los 1.126 millones de pesos, una suma que deberá salir directamente del presupuesto municipal.
“Antes el Gobierno Nacional tenía un fondo de cerca de 50 mil millones de pesos para cubrir la manutención y alimentación de los PPL. Ese fondo desapareció como carga nacional. Ahora, la Secretaría de Gobierno tendrá que asumir ese costo con recursos propios”, explicó Espín en diálogo con Alerta Tolima.
La medida obliga a la Alcaldía a reorganizar el presupuesto de 2026, recortando recursos destinados a otros programas sociales y administrativos para cumplir con el nuevo mandato. “Eso nos afecta en otros ítems. Las diferentes direcciones se ven reducidas en presupuesto, pues debemos cumplir con esta obligación de ley”, reconoció el funcionario.
De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, los fondos para cubrir la alimentación de los reclusos deberán incluirse dentro del presupuesto proyectado para el próximo año, de lo contrario, la administración podría enfrentar sanciones disciplinarias por parte de los órganos de control.
El traslado de esta responsabilidad a los municipios ha generado controversia en todo el país. Mientras el Gobierno Nacional argumenta que se trata de una redistribución necesaria para garantizar los derechos humanos de la población carcelaria, alcaldes y gobernadores advierten que la medida asfixia las finanzas locales y pone en riesgo la ejecución de proyectos sociales.
En Ibagué, el secretario Espín señaló que la decisión está respaldada tanto por una ley nacional como por una sentencia de la Corte Constitucional, aunque su aplicación definitiva aún no está totalmente reglamentada.
“Estamos a la espera del fallo definitivo de la Corte, pero mientras tanto debemos incluir el gasto en el presupuesto. Es una disposición de obligatorio cumplimiento”, puntualizó.
Actualmente, la capital tolimense tiene alrededor de 250 personas privadas de la libertad bajo custodia en centros de reclusión locales. A partir de 2026, la Alcaldía deberá garantizar la alimentación diaria de esta población, además de asumir otros gastos logísticos asociados a su manutención.
