La campaña presidencial del Pacto Histórico quedó bajo una fuerte tormenta política y judicial luego de conocerse una denuncia ante la DIAN y la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la financiación de la candidatura de Iván Cepeda.
El caso gira alrededor de supuestos aportes superiores a los 725 millones de pesos atribuidos al empresario barranquillero Javier Antonio Pérez Páez y a su empresa Samat Publicidad S. A. S., registros que hoy generan dudas sobre la contabilidad electoral, los topes de campaña y la verdadera naturaleza de esos recursos.
Según documentos revelados por la revista Semana, el nombre de Pérez Páez aparece en los reportes oficiales entregados por la campaña de Cepeda ante el Fondo Nacional de Financiación Política.
En dichos registros figura un supuesto aporte de 609.399.000 pesos realizado por Samat Publicidad S. A. S., además de otro movimiento adicional por 116.151.000 pesos a nombre del empresario.
Los montos, que superan en total los 725 millones de pesos, habrían sido destinados a la elaboración masiva de material publicitario para la campaña presidencial.
De acuerdo con la información reportada ante el Consejo Nacional Electoral, los recursos habrían sido utilizados para la impresión de millones de piezas publicitarias, entre ellas periódicos, hojas volantes, pendones y propaganda electoral distribuida durante la campaña del Pacto Histórico.
Sin embargo, la controversia estalló luego de conocerse que Samat Publicidad S. A. S., según registros de Cámara de Comercio, tendría un capital registrado de apenas 20 millones de pesos, situación que desató interrogantes sobre cómo una empresa con ese nivel de patrimonio podría asumir operaciones cercanas a los 725 millones.
La denuncia fue radicada por el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, quien pidió a las autoridades investigar posibles irregularidades en la financiación y una eventual violación de topes electorales.
En declaraciones conocidas por Semana, Javier Antonio Pérez Páez negó haber realizado donaciones directas a la campaña.
“No he donado, yo no aporté nada”, aseguró el empresario.
Pérez explicó que lo que existió realmente fue un crédito por servicios de publicidad y que el acuerdo consistía en recibir el pago una vez el partido obtuviera los recursos de reposición de votos.
“Les vendí y lo hice a través de crédito. No tengo plata para donar”, afirmó.
Además, indicó que fue contactado por Antonio Peñalosa, secretario general del Polo Democrático, y sostuvo que lleva más de diez años trabajando con ese partido, aunque aseguró no participar en política.
El centro de la polémica ahora está en por qué esos movimientos aparecen registrados en el sistema Cuentas Claras como aportes o donaciones y no como acreencias o créditos comerciales.
La situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre si la campaña habría utilizado esa figura para disminuir artificialmente los gastos reportados y evitar afectar los topes electorales autorizados.
Según asesores del Consejo Nacional Electoral, la campaña de Iván Cepeda tenía permitido gastar hasta 3.040 millones de pesos, pero oficialmente solo reportó cerca de 964 millones.
El informe financiero citado por Semana sostiene que los movimientos relacionados con Samat Publicidad y Pérez Páez corresponden a créditos por suministro de propaganda electoral, los cuales —según la interpretación jurídica presentada— no entrarían dentro del cálculo del tope de gastos.
Ahora serán la DIAN y la Fiscalía las encargadas de verificar si la empresa realmente tenía capacidad financiera para otorgar un crédito de semejante magnitud y esclarecer cómo se financiaron los pagos a proveedores, empleados y producción de material publicitario.
El caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos financieros de la actual campaña presidencial y podría tener repercusiones políticas y judiciales de alto impacto en plena recta final electoral.
