Un nuevo choque institucional se registró en Colombia luego que el presidente Gustavo Petro criticara duramente la decisión del Consejo de Estado de Colombia de suspender el Decreto 415 de 2026, que contemplaba el traslado de alrededor de $25 billones desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
La determinación del alto tribunal dejó sin efectos la medida del Ejecutivo, frenando por completo la transferencia de recursos del sistema pensional. El fallo se conoció el lunes 11 de mayo de 2026 y se produce tras una suspensión parcial previa sobre el mismo decreto.
La reacción del presidente no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, Petro expresó su inconformidad con la decisión judicial y cuestionó el sentido del fallo, asegurando que este iría en contra de los intereses de los trabajadores.
En su pronunciamiento, el mandatario fue más allá y solicitó que se evalúen acciones penales contra el magistrado ponente del caso, al que acusó de presunto prevaricato.
“Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, señaló el jefe de Estado.
La decisión judicial y la respuesta del Gobierno abren un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y la rama judicial, en medio del debate nacional por la reforma pensional y el manejo de los recursos del sistema.
