Una nueva controversia sacude a la justicia colombiana. Una denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia involucra a la magistrada Leonor Oviedo Pinto, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien el pasado 21 de octubre fue la única togada que salvó su voto en la decisión que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El abogado Eduardo Castillo González, autor de la denuncia, acusa a la magistrada de haber incurrido en prevaricato por acción y omisión, al participar en la votación pese a haber emitido —según él— opiniones públicas previas sobre el caso en redes sociales, lo que, a su juicio, comprometía su imparcialidad.
En su salvamento de voto, Oviedo Pinto sostuvo que Uribe debía ser hallado responsable como determinador de los delitos imputados, señalando que la conducta era “típicamente antijurídica y culpable”. Con ello, marcó una postura contraria a la de sus colegas Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa Sánchez, quienes conformaron la mayoría que decidió absolver al exmandatario.
El abogado Castillo aportó como prueba antiguas publicaciones en X (antes Twitter), entre ellas un mensaje del 18 de septiembre de 2018 donde la cuenta @LeonorOviedo6 comentó:
“No creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número que por el contexto se hacía necesario”,
en respuesta a una entrevista sobre la interceptación telefónica al entonces senador Uribe.
Para el denunciante, este y otros mensajes —como uno en el que la magistrada habría ironizado con la frase “No pensaba reírme tanto” ante una publicación del expresidente— evidencian una “animadversión previa y constante” hacia Uribe Vélez. En consecuencia, sostiene que Oviedo debió declararse impedida para participar en la deliberación y votación del fallo.
Castillo afirma en el documento radicado que el salvamento de voto de la magistrada “replica los mismos vacíos” del fallo de primera instancia, al basarse —según su apreciación— en “posturas personales e ideológicas” más que en fundamentos jurídicos.
“Se traen posturas personales e ideológicas que reproducen subjetividades caprichosas”, indica el texto de la denuncia.
El jurista insiste en que, aunque Oviedo argumentó extensamente su desacuerdo con la absolución, no tenía justificación suficiente para apartarse de la decisión mayoritaria, y menos aún para haber intervenido en el proceso teniendo antecedentes públicos de opinión sobre el caso.
La denuncia fue oficialmente radicada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ahora deberá evaluar si abre o no una investigación formal en contra de la magistrada. De prosperar, el caso podría tener implicaciones disciplinarias e incluso penales, en un contexto ya de por sí convulsionado por la decisión que dejó libre de culpa al expresidente Uribe.
El caso promete encender una nueva tormenta política y judicial, pues mientras los sectores cercanos al uribismo celebran la denuncia como una “prueba del sesgo” en la justicia, otros la califican como un intento de amedrentar a los jueces que no coinciden con la mayoría.
