El cierre del año dejó al descubierto la fragilidad del pulso fiscal del país. En una jornada cargada de decisiones que sacudieron los mercados y encendieron el debate político, el Gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que acudirá a la emergencia económica para tapar un hueco presupuestal de $16 billones, mientras el Banco de la República optó por pisar el freno y mantener intacta su tasa de interés en 9,25%.
El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tras la reunión de la Junta Directiva del Emisor. La decisión de activar la emergencia es una respuesta directa al hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, el proyecto con el que el Ejecutivo pretendía garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado en 2026. Sin esa ley, el Gobierno quedó contra la pared.
“Vamos a procurar que, a través de la emergencia económica y los decretos reglamentarios, se tomen las medidas tributarias para compensar esos dineros faltantes”, aseguró Ávila, dejando claro que el Ejecutivo recurrirá a decretos con fuerza de ley para recaudar lo que el Legislativo no aprobó. Según el ministro, el decreto de emergencia podría firmarse el viernes 19 de diciembre, y en cuestión de días se conocerían las medidas concretas que impactarán a contribuyentes y empresas.
El funcionario recordó que el Gobierno ya había cedido terreno. El Presupuesto General de la Nación, inicialmente proyectado en $556 billones, fue reducido a $546 billones tras presiones del Congreso y de distintos sectores. Sin embargo, el recorte no fue suficiente para compensar el vacío que dejó la reforma tributaria fallida, obligando ahora al Ejecutivo a tomar un atajo jurídico que promete desatar controversia.
En medio del terremoto fiscal, Ávila también lanzó un mensaje con alto contenido político y social: el salario mínimo. Ante la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores, el ministro anticipó que el aumento podría definirse por decreto presidencial. “El Gobierno se inclina por un incremento significativamente por encima de la inflación”, afirmó, abriendo la puerta a un alza que podría tensionar aún más las cuentas públicas y la relación con el sector productivo.
Mientras tanto, el Banco de la República envió una señal de cautela. Por mayoría, la Junta decidió mantener la tasa de interés en 9,25%. Cuatro codirectores respaldaron la decisión, dos votaron por un recorte de 50 puntos básicos y uno propuso una reducción de 25 puntos, evidenciando divisiones internas sobre la velocidad con la que debe relajarse la política monetaria.
El Emisor justificó su postura en el comportamiento de la inflación, que bajó de 5,5% en octubre a 5,3% en noviembre, una mejora insuficiente para cantar victoria. Las expectativas inflacionarias a uno y dos años repuntaron más que la inflación observada, una señal de alerta que, según el Banco, obliga a actuar con prudencia.
Además, la autoridad monetaria lanzó una advertencia directa: la no aprobación de la ley de financiamiento aumenta la incertidumbre para 2026. En su análisis, el Banco subrayó que el Gobierno deberá adoptar medidas creíbles y oportunas para equilibrar el presupuesto, en un contexto en el que la confianza de inversionistas y agentes económicos sigue siendo extremadamente sensible a las señales fiscales.
En el frente internacional, el panorama luce más benigno. Las condiciones financieras externas continúan “holgadas” tras la tercera reducción consecutiva de tasas en Estados Unidos, que las ubicó entre 3,5% y 3,75%, el nivel más bajo en tres años. Sin embargo, el propio Emisor advirtió que las tensiones geopolíticas siguen latentes y podrían alterar los flujos de capital en cualquier momento.
