El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció mediante un comunicado un paro armado de 48 horas en todo el departamento del Chocó, a partir de las 00:00 horas del viernes 25 de julio de 2025.
Según el grupo insurgente, esta medida se impone como respuesta a lo que califican como una “arremetida paramilitar” con respaldo de sectores de la Fuerza Pública. En el documento, fechado el 23 de julio, el ELN exige a la población civil y a transportadores públicos y de carga abstenerse de movilizarse por carreteras o ríos durante la duración del paro, advirtiendo que sus unidades estarán desplegadas para “dar cumplimiento” a esta orden.
“Nuestro departamento sufre una de las mayores arremetidas paramilitares de los últimos tiempos en connivencia con la fuerza pública”, señala el comunicado, al tiempo que denuncia un supuesto interés por facilitar la extracción de recursos naturales en la región, afectando el tejido social de las comunidades.
El ELN también denunció una serie de hechos recientes que involucran al Ejército Nacional, como una presunta incursión el pasado 20 de julio en la comunidad Chiriquí, municipio de Lloró, donde, según su versión, fueron retenidas doce personas (entre ellas, menores de edad), quienes habrían sido obligadas a patrullar en búsqueda de campamentos insurgentes. El grupo asegura que uno de los civiles continúa retenido y que los militares habrían hurtado pertenencias comunitarias, como dinero, celulares y gasolina.
A esto se suma otro señalamiento ocurrido el 21 de julio, cuando un ciudadano identificado como Eliecer Mena Tapia habría sido detenido, torturado y lesionado por miembros del Ejército al salir de su lugar de trabajo.
El grupo armado cuestionó el silencio de las autoridades locales, en particular de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, a quien acusan de no pronunciarse públicamente ni exigir medidas frente a la presencia de grupos armados ilegales en el departamento.
Finalmente, el ELN hizo un llamado a la población del Chocó para movilizarse en defensa de los derechos de las comunidades, afirmando que cuentan con su respaldo “en las justas batallas del pueblo”.
