En un hecho que podría redefinir la historia judicial y política del país, la Sala de decisión penal número 19 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dio un paso determinante en el proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El Tribunal, conformado por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, aprobó la decisión de segunda instancia tras estudiar los recursos de apelación presentados por la defensa del exmandatario y el delegado del Ministerio Público contra el fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
Aunque el sentido de la decisión aún no ha sido revelado, el alto tribunal anunció que la fecha de lectura del fallo será informada próximamente a todas las partes. No obstante, fuentes judiciales aseguran que la expectativa en torno al pronunciamiento es máxima, pues podría ratificar o revocar una de las sentencias más polémicas dictadas contra un expresidente en la historia reciente del país.
El proceso contra Uribe se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia inició la investigación por presuntos sobornos ofrecidos a exparamilitares, supuestamente con la mediación de su entonces abogado Diego Cadena, con el propósito de alterar testimonios que lo vinculaban con grupos armados ilegales. Tras su renuncia al Senado en 2020, el expediente pasó a la Fiscalía General de la Nación, donde continuó su curso.
El 1 de agosto de 2025, la jueza Heredia dictó la sentencia condenatoria, afirmando que las pruebas eran “suficientes para desvirtuar cualquier presunción de inocencia”. Además de la pena de prisión domiciliaria, el exmandatario fue sancionado con una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 100 meses y 20 días.
Sin embargo, Uribe insiste en su inocencia. A través de su cuenta de X, reiteró que jamás ordenó sobornos ni pidió alterar testimonios:
“No fui determinador, ni de lo uno ni de lo otro. En más de 20.000 interceptaciones a mi teléfono no hay una palabra mía distinta a pedir la verdad. Nunca sugerí mentir o callar”, escribió el exmandatario, defendiendo la transparencia de sus actuaciones.
Sus abogados confirmaron que, en caso de que el Tribunal ratifique la condena, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia en casación para buscar la absolución definitiva.
El fallo del Tribunal, cuya lectura podría darse en los próximos días, mantiene en vilo al país. Mientras los sectores afines al expresidente denuncian una “persecución judicial con fines políticos”, sus detractores consideran que el proceso es una prueba del avance de la justicia sobre los poderes tradicionales.
Lo cierto es que el nombre de Álvaro Uribe Vélez, el político más influyente del siglo XXI en Colombia, vuelve a estar en el centro del huracán judicial y mediático —una tormenta que, según los expertos, aún está lejos de amainar—.
