A menos de dos semanas de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026, el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral, una decisión que sacude el panorama político y reabre el debate sobre el verdadero alcance de su compromiso con la democracia.
El anuncio fue publicado en la mañana del lunes 23 de febrero a través de su portal digital ELN Voces, donde la organización insurgente aseguró que mantendrá la medida “para garantizar la actuación en libertad del pueblo colombiano”, aunque dejó claro su escepticismo frente al proceso electoral en curso.
“Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, indicó el grupo ilegal en su comunicado.
Pese al anuncio, el mensaje del ELN no fue conciliador. En su pronunciamiento, la guerrilla insistió en que los procesos electorales no resuelven las causas estructurales del conflicto y reiteró su propuesta de un “Acuerdo Nacional” con todos los sectores políticos y sociales.
“Colombia requiere construir soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social, para bien de las mayorías”, señalaron, dejando abierta la puerta a discutir dicha iniciativa con el próximo Presidente y el nuevo Congreso.
Sin embargo, el tono crítico dominó el comunicado. El ELN calificó las actuales campañas como “carentes de propuestas colectivas” y sometidas a disputas que “violan la ética y las reglas”. Además, acusó a los partidos tradicionales de recurrir a la estrategia del “todo vale” y de responsabilizar a la guerrilla de supuestos intentos por interferir en la libertad del voto.
“Les aclaramos que el ELN no es quien controla u orienta los órganos e instituciones del sistema electoral”, afirmaron, en respuesta a señalamientos sobre posibles afectaciones al proceso democrático.
El pronunciamiento también incluyó fuertes críticas a la política de ‘Paz Total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro, a la que calificaron de “fracaso”. Según la organización insurgente, esta estrategia sería una “nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado”.
La acusación escala la tensión entre la Casa de Nariño y la guerrilla, justo cuando el país atraviesa un momento decisivo en materia electoral y de seguridad.
Las críticas del ELN contra el Gobierno no son nuevas. A mediados de febrero, tras una operación militar en Arauca en la que fue abatido alias “Monchi”, considerado segundo al mando de esa estructura en la región, la guerrilla acusó al Ejecutivo de utilizar los diálogos de paz como herramienta para obtener ventajas militares.
Según el grupo armado, apenas 24 horas después de una reunión en Catatumbo —en la que participaron emisarios presidenciales, representantes de la comunidad internacional y de la Conferencia Episcopal—, el presidente habría ordenado bombardear la misma zona.
“En menos de 24 horas de culminar dicha reunión, Petro ordenó a las Fuerzas Armadas estatales bombardear la misma área del Catatumbo donde se realizó dicha reunión”, denunciaron.
La delegación de paz del ELN aseguró que sus propuestas han sido tergiversadas y utilizadas con fines distintos a los dialogados, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia oficial contradictoria frente al discurso pacifista.
Con las urnas a la vuelta de la esquina, Colombia enfrenta un escenario complejo: una guerrilla que promete no disparar, pero que al mismo tiempo lanza duras acusaciones contra el Ejecutivo y cuestiona la legitimidad del sistema democrático.
