En un episodio que desató polémica nacional, la Fiscalía General de la Nación dejó en libertad a Óscar Ojeda Durán, alias ‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, apenas horas después de haber sido capturado en cumplimiento de una circular azul de Interpol.
La decisión se produjo tras verificar que las órdenes de captura en su contra están suspendidas desde 2023, en el marco de su participación formal como representante de ese grupo armado en el proceso de paz con el Gobierno Nacional.
La detención ocurrió en la tarde del 22 de febrero, cuando el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que se movilizaba fue requerido por la Policía Nacional de Colombia en un puesto de control en Puerto Concordia, Meta.
Durante la verificación de antecedentes, las autoridades detectaron una circular azul de Interpol vigente en su contra. Este mecanismo internacional permite ubicar e identificar a personas vinculadas a investigaciones penales en distintos países.
Inicialmente, también se informó que el procedimiento se habría registrado en San José del Guaviare, tras la activación de la alerta internacional.
Alias ‘Leopoldo’ es requerido por la justicia colombiana por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos provenientes de actividades terroristas. Además, enfrenta un proceso abierto por lavado de activos, con posibles vínculos a estructuras del narcotráfico.
No obstante, la circular azul no constituye por sí misma una orden de captura internacional obligatoria, sino una herramienta de cooperación para ubicar y obtener información sobre el investigado.
Tras la captura, la Fiscalía evaluó su situación jurídica y concluyó que debía aplicarse la suspensión de órdenes judiciales que lo cobija desde 2023, en virtud de la Resolución 0376 expedida en el contexto de los diálogos de paz.
Ojeda Durán actúa como jefe de la delegación de paz de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y cuenta con beneficios jurídicos temporales mientras participa oficialmente en la mesa de negociación.
Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se había advertido a las autoridades que el negociador goza de amparo presidencial y suspensión de orden de captura, al estar acreditado como representante y coordinador de la delegación EMBF dentro del proceso.
Con base en esa verificación, la fiscal segunda especializada contra el Lavado de Activos ordenó levantar el acta correspondiente y autorizar la continuación del recorrido del jefe negociador, dejando sin efecto práctico la captura.
En cuestión de horas, alias ‘Leopoldo’ pasó de estar detenido en un procedimiento policial a recuperar su libertad, lo que generó reacciones encontradas en distintos sectores políticos y de opinión.
La delegación de paz de las disidencias exigió una respuesta inmediata del Gobierno, argumentando que el procedimiento afectaba el desarrollo de los diálogos y que su vocero actúa como gestor de paz, no como combatiente activo.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la aplicación estricta de la ley y las garantías otorgadas a actores armados en procesos de negociación. Aunque la suspensión de órdenes de captura no extingue los procesos judiciales, sí implica una pausa condicionada al cumplimiento de compromisos en la mesa.
