La permanencia de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol pende de un hilo en medio de investigaciones por presunto tráfico de influencias y una presión sindical que ya advierte un posible paro nacional.
La Unión Sindical Obrera (USO) lanzó un ultimátum y es que si no se concreta la salida de Roa, podría convocar movilizaciones que pondrían en jaque la operación de la compañía. El alcance de la amenaza es contundente, pues cerca de 25.000 trabajadores —de una planta total de 87.000 entre empleados y contratistas— podrían suspender actividades.
“El mecanismo de negociación sigue siendo nuestra prioridad, pero no descartamos la movilización”, advirtió Martín Ravelo, dejando claro que el pulso entre sindicato y directivas apenas comienza.
El llamado de la USO coincide con un momento crítico; la junta directiva de Ecopetrol evalúa el futuro de Roa, en medio de cuestionamientos que no solo son judiciales, sino también estratégicos.
El sindicato no se limita a exigir explicaciones por la investigación penal. También cuestiona el rumbo del sector energético bajo el Gobierno de Gustavo Petro, especialmente la política de frenar la exploración de petróleo y gas en favor de energías renovables.
Para la USO, esta estrategia pone en riesgo la estabilidad laboral y financiera del país. Por eso, insiste en reactivar la exploración e incluso abrir la puerta al fracking como alternativa para garantizar reservas.
El momento no podría ser más delicado. Mientras el precio del petróleo Brent supera los 100 dólares por barril —impulsando al alza la acción de Ecopetrol por encima de los $2.800—, la empresa enfrenta un golpe reputacional que podría impactar su desempeño en los mercados de Bogotá y Nueva York.
“La reputación de Ecopetrol está en juego. Es una empresa que debe cumplir estándares internacionales”, insistió Ravelo, al tiempo que pidió a la junta tomar decisiones urgentes.
El detonante de la crisis es la imputación de la Fiscalía General de la Nación contra Roa por el delito de tráfico de influencias. El caso gira en torno a la compra de un apartamento en Bogotá y a presuntas gestiones para favorecer a terceros en contratos relacionados con Hocol, filial de la petrolera.
Según el ente acusador, Roa habría intervenido para facilitar vínculos comerciales en un proyecto de regasificación, involucrando a un policía retirado y a un exdirectivo de la compañía.
La decisión que se tome en los próximos días no solo definirá el futuro de Ricardo Roa, sino el rumbo de Ecopetrol y el equilibrio energético de Colombia.
