La crisis dentro del Gobierno nacional suma un nuevo y explosivo capítulo. Las denuncias públicas de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, desataron un choque frontal con la Unidad Nacional de Protección, que la contradijo abiertamente en medio de acusaciones de amenazas, extorsiones y presiones internas.
Lo que comenzó como una serie de entrevistas en medios terminó convirtiéndose en un “novelón” político que ya salpica a la Casa de Nariño. Rodríguez no solo denunció presuntas irregularidades dentro del Ejecutivo, sino que aseguró temer por su vida, afirmando que no contaba con esquema de seguridad.
Sin embargo, la respuesta oficial no se hizo esperar. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, desmintió de forma tajante esas afirmaciones.
Según el funcionario, la gerente sí cuenta con un “robusto esquema de seguridad” que fue solicitado por ella misma y asignado en tiempo récord desde que asumió el cargo el pasado 23 de enero de 2026.
“No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”, afirmó, detallando que el esquema incluye vehículo blindado, escoltas, chaleco antibalas y un enfoque diferencial de género. Incluso reveló que se adicionó un componente especial para desplazamientos en regiones, con un costo diario de 1,4 millones de pesos.
La UNP insistió en que se cumplieron todos los protocolos y que la protección sigue vigente, desvirtuando así uno de los puntos más sensibles de las denuncias.
El enfrentamiento escaló aún más cuando Angie Rodríguez cuestionó la supuesta rapidez con la que se habría aprobado un esquema de seguridad para Juliana Guerrero, figura envuelta en polémica por intentar asumir un alto cargo con títulos falsos.
Pero la respuesta volvió a golpear pues el director de la UNP aseguró que esa solicitud fue radicada por la propia Rodríguez cuando se desempeñaba en el DAPRE, y que estaba sustentada con información de riesgo.
“A pesar de que ahora afirma que no había riesgo, en su solicitud incluyó enlaces que lo justificaban. Es una contradicción evidente”, lanzó Augusto Rodríguez.
El episodio deja al descubierto tensiones internas en el Ejecutivo y abre interrogantes sobre la veracidad de las denuncias, la coordinación institucional y el manejo de la seguridad de altos funcionarios.
Por ahora, el caso no solo sigue abierto, sino que amenaza con escalar aún más, en un escenario donde cada declaración añade presión a una administración que enfrenta un nuevo frente de controversia.
