La Corte Suprema de Justicia emitió una decisión que deja al descubierto la magnitud de la crisis que atraviesa la Nueva EPS, al concluir que el incumplimiento masivo de fallos de tutela no obedecía a la actuación individual de una de sus exdirectivas, sino a una “falla estructural” de la entidad. El alto tribunal anuló las sanciones impuestas contra la exgerente regional Salomé Henao y ordenó a la EPS, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud diseñar, en un plazo de 60 días, un plan nacional para atender los miles de desacatos acumulados.
La decisión marca un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios frente a una crisis institucional que, según la Corte, supera las capacidades de cualquier directivo regional y pone nuevamente en el centro del debate el funcionamiento del sistema de salud colombiano.
Durante su paso como gerente regional Noroccidente de Nueva EPS, entre junio y septiembre de 2025, Salomé Henao acumuló 1.997 sanciones por desacato, dictadas por 481 despachos judiciales del país.
Las decisiones representaban 3.853 días de arresto, equivalentes a más de diez años de privación de la libertad, además de multas que sumaban 9.131 millones de pesos. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que la exfuncionaria no contaba con las facultades necesarias para cumplir las órdenes judiciales que originaron esas sanciones.
La Sala de Casación Penal determinó que existía una “imposibilidad física y material” para atender el enorme volumen de tutelas relacionadas con medicamentos, tratamientos, procedimientos médicos y asignación de citas. En la sentencia, el magistrado Diego Corredor, con el respaldo unánime de los magistrados Myriam Ávila y Gerson Chaverra, sostuvo que los desacatos no podían atribuirse a decisiones personales de Henao.
Por el contrario, la Corte concluyó que las sanciones eran la consecuencia de una crisis institucional que desbordó la capacidad operativa de la EPS.
El fallo calificó como “constitucionalmente inaceptable” responsabilizar a una funcionaria que permaneció apenas tres meses en el cargo y que, además, no tenía competencia para ordenar pagos, contratar servicios médicos ni disponer de recursos financieros para ejecutar las decisiones judiciales.
Como consecuencia, el alto tribunal dejó sin efecto todas las multas, órdenes de arresto y procesos de cobro coactivo que pesaban sobre la exdirectiva.
En la acción de tutela presentada ante la Corte Suprema, Henao advirtió que enfrentaba un “riesgo real, inminente y grave” de ser privada de la libertad por cualquiera de las órdenes de arresto vigentes. También alertó sobre la posibilidad de que sus bienes fueran embargados como resultado de los procesos de cobro derivados de las sanciones. La exgerente sostuvo que su contrato laboral no contemplaba asumir responsabilidad personal por el cumplimiento de tutelas y desacatos, función que le habría sido asignada posteriormente.
Antes de acudir a la Corte, aseguró haber solicitado información al Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Salud y a distintas dependencias judiciales para consolidar la totalidad de los procesos abiertos en su contra.
La Corte ordenó a Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud elaborar un plan de acción institucional que permita superar progresivamente el incumplimiento masivo de fallos de tutela. Ese documento deberá estar listo en un plazo máximo de 60 días y será presentado a los jueces que actualmente tramitan incidentes de desacato contra la aseguradora.
El plan deberá priorizar la atención de pacientes con enfermedades graves, personas en riesgo inminente y ciudadanos que gozan de especial protección constitucional.
El fallo también advierte que reconocer la existencia de una falla estructural no exonera al Estado ni a la EPS de garantizar el derecho fundamental a la salud de más de 11 millones de afiliados que actualmente dependen de la entidad.
Recientemente fue confirmada una sanción de tres días de arresto contra el agente interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina, y contra el gerente regional Centro Occidente, Luis Carlos Velandia, por incumplir una tutela que ordenaba garantizar el tratamiento integral de un menor diagnosticado con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita.
A ello se suma que la Superintendencia Nacional de Salud identificó a Nueva EPS como la entidad con el mayor número de reclamaciones por demoras en la asignación de citas médicas y le ordenó implementar un plan de choque para mejorar la atención de los usuarios.
La sentencia de la Corte Suprema no solo libera a una exfuncionaria de miles de sanciones judiciales, sino que expone con contundencia una crisis estructural del sistema de aseguramiento en salud, obligando a las autoridades nacionales a diseñar una estrategia que permita cumplir las órdenes judiciales y garantizar efectivamente el acceso de millones de colombianos a los servicios médicos.
