En una decisión que sacude el panorama político y jurídico del país, el Consejo de Estado determinó que sí tiene competencia para estudiar la demanda de pérdida de investidura contra el presidente Gustavo Petro por hechos ocurridos cuando era senador. Con este fallo, el proceso —que había quedado frenado— revive y entra en una nueva fase.
La decisión, adoptada el pasado 10 de febrero de 2026 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, revocó un auto de 2022 que había declarado la falta de competencia para continuar con el caso tras la llegada de Petro a la Presidencia.
El alto tribunal fue claro: el proceso no se dirige contra el jefe de Estado por su actual investidura, sino contra un excongresista por actuaciones previas a su mandato presidencial.
“La Constitución y la ley asignan de manera expresa la competencia para conocer estos procesos contra congresistas y excongresistas”, concluyó la corporación, descartando que el fuero presidencial sea un blindaje absoluto en este caso.
En otras palabras, ocupar la Casa de Nariño no borra ni suspende el control judicial sobre conductas pasadas como legislador.
El proceso tiene su origen en una demanda presentada el 24 de mayo de 2022 por el ciudadano Joan Sebastián Moreno Hernández, quien pidió la pérdida de investidura de Petro por presunta inasistencia a sesiones del Senado.
Según el expediente, el entonces senador habría faltado a 17 sesiones plenarias entre agosto de 2018 y abril de 2022, además de ausentarse de otras ocho en el mismo periodo legislativo, lo que podría configurar la causal establecida en el artículo 183 de la Constitución.
En su momento, una sala especial del Consejo de Estado decidió frenar el proceso al considerar que no podía adelantar un juicio que eventualmente derivara en la separación del cargo del presidente. Sin embargo, esa tesis fue desmontada por la Sala Plena.
Uno de los puntos más sensibles del fallo es la interpretación del fuero presidencial. El tribunal aclaró que este no impide analizar conductas anteriores al ejercicio del cargo, especialmente cuando se trata de un proceso de naturaleza distinta al penal o disciplinario.
“No es posible equiparar un proceso de pérdida de investidura con uno de responsabilidad contra el presidente”, precisó la corporación, marcando una línea jurídica que podría tener profundas implicaciones institucionales.
Con esta decisión, el expediente regresa a primera instancia, donde se reactivará el análisis probatorio y los argumentos de las partes. La defensa de Petro, según se ha conocido, ha sustentado varias de las ausencias en motivos de salud, lo que será clave en el desarrollo del proceso.
El Consejo de Estado fue prudente al señalar que los efectos de una eventual decisión no deben anticiparse en esta etapa. Sin embargo, la sola reactivación del caso ya genera un terremoto político.
