Un nuevo frente de tensión sacude el sistema pensional colombiano. El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, defendió el polémico decreto que ordena trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados hacia el sistema público, en una decisión que ya genera fuertes reacciones por su impacto económico y jurídico.
Según Dussán, el traslado no es una medida arbitraria, sino el cumplimiento de la ley. Citando la Ley 100 de 1993, explicó que ningún colombiano puede estar simultáneamente en dos regímenes pensionales, por lo que cuando un afiliado se traslada, sus recursos deben ir con él.
“El dinero no puede quedarse en los fondos privados si la persona ya está en Colpensiones”, insistió el funcionario, al justificar una operación que busca destrabar un problema acumulado desde hace más de dos años tras la llamada “ventana pensional”.
Las cifras son contundentes: más de 109.000 colombianos ya se trasladaron al sistema público. De ellos, cerca de 24.800 ya reciben pensión, pese a que —según denunció Dussán— los recursos correspondientes aún no han sido girados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Solo este rezago representaría alrededor de $5,5 billones.
En la práctica, esto significa que el Estado está pagando pensiones sin tener en sus manos el dinero de esos afiliados, una situación que el decreto busca corregir de forma inmediata. El monto restante, correspondiente a más de 90.000 personas, completa la millonaria cifra de $25 billones que ahora está en disputa.
El anuncio encendió las alarmas en el sector financiero. Las AFP han advertido sobre problemas de liquidez y los riesgos de ejecutar el traslado en tiempos acelerados. Frente a esto, Dussán lanzó una alternativa que no pasó desapercibida: aceptar TES como forma de pago si no hay efectivo disponible.
“Si no tienen el dinero, que entreguen papeles”, afirmó, en referencia a los títulos de deuda pública, lo que abre un nuevo debate sobre la forma en que se materializaría el traslado.
El presidente de Colpensiones también anunció una mesa técnica con la Superintendencia Financiera de Colombia y las AFP para definir las reglas del proceso y evitar un choque mayor entre las partes.
Sobre el destino de los recursos, Dussán aseguró que no serán utilizados de inmediato. Explicó que se convertirán en un respaldo financiero del sistema, administrado a través de la Fiduciaria La Previsora, y que servirán como ahorro para cubrir futuros déficits del presupuesto nacional.
Sin embargo, el trasfondo es más profundo. Para el Gobierno, esta movida representa un paso hacia la transformación del modelo pensional. Para sus críticos, en cambio, se trata de una intervención de alto riesgo que podría afectar la estabilidad del sistema financiero y la confianza en los ahorros privados.
Mientras se afinan los detalles técnicos, lo cierto es que el pulso por los $25 billones apenas comienza y tiene en juego no solo cifras históricas, sino el futuro pensional de más de 100.000 colombianos.
