La ciudad de Cali vivió en la noche del miércoles 24 de septiembre un nuevo hecho de violencia dirigido contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Una granada fue detonada en la camioneta oficial asignada al director regional de la entidad, Guillermo Andrés González Andrade, cuando el vehículo se encontraba estacionado en las instalaciones del Inpec, en el norte de la capital del Valle del Cauca.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la explosión ocurrió hacia las 10:30 p.m. y, aunque no dejó personas heridas, sí causó importantes daños materiales en el automotor y en el área aledaña al lugar de la detonación. La camioneta, asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), hacía parte del esquema de seguridad del funcionario y estaba estacionada dentro de la sede institucional.
El director regional no se encontraba en el lugar, ya que permanecía en su residencia, situación que evitó un desenlace más grave. No obstante, la detonación se escuchó en varias cuadras a la redonda, generando pánico entre los habitantes del sector.
Este atentado ocurre en medio de la creciente conflictividad en torno a la cárcel de Villahermosa. Según información preliminar, el ataque podría estar relacionado con los recientes operativos de traslado de internos y cambios de patios en ese penal, medidas que han generado resistencia por parte de organizaciones criminales que mantienen influencia en algunos pabellones.
Sin embargo, las autoridades no descartan que la acción también pueda estar vinculada con la confrontación entre estructuras delincuenciales conocidas con los alias de “Chinga Pipe” y “Dimax”, responsables de recientes hechos de violencia en la ciudad, como la detonación de otra granada en la fachada de Villahermosa, un ataque armado en el barrio El Retiro y la masacre de tres personas en La Buitrera.
Hace pocas semanas, la directora de Villahermosa, María Lorena Serrano Aguilar, debió ser retirada del cargo tras recibir amenazas, en un contexto marcado por traslados y reubicaciones de reclusos hacia otros centros penitenciarios del país.
Tras el atentado, la Policía Metropolitana de Cali y unidades antiexplosivos acordonaron el área para adelantar las labores de inspección y verificación. La ciudadanía manifestó su preocupación por el uso de artefactos explosivos en zonas urbanas, debido al riesgo que representan para los residentes y transeúntes.
Las investigaciones buscan establecer si el ataque fue una represalia directa contra las medidas adoptadas en Villahermosa o si hace parte de la confrontación entre organizaciones criminales que han intensificado su accionar en la capital vallecaucana.
Las autoridades han catalogado este hecho como un grave atentado contra la seguridad institucional y advirtieron que las intimidaciones contra directivos del Inpec hacen parte de una estrategia de presión por parte de estructuras criminales que buscan frenar los controles y traslados en las cárceles del país.
