La violencia volvió a golpear al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) luego de que, en horas de la tarde del 4 de octubre de 2025, un dragoneante fuera víctima de un ataque sicarial en la ciudad de Armenia.
El funcionario, cuyo nombre no ha sido revelado por motivos de seguridad, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar negra, quienes abrieron fuego contra la camioneta en la que se desplazaba, justo después de salir del centro penitenciario donde cumplía labores de custodia.
De acuerdo con el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Quindío, el ataque ocurrió en una zona cercana al penal y dejó cuatro impactos de bala sobre el vehículo, sin que se registraran heridos.
“Afortunadamente, el funcionario resultó ileso, aunque su vehículo fue impactado en varias oportunidades. Desde el momento del hecho estamos en coordinación con la Fiscalía, revisando cámaras de seguridad para identificar a los responsables”, explicó el oficial.
Este nuevo atentado se suma a otros dos ataques ocurridos el 3 de octubre, en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca), que dejaron dos guardianes muertos y cuatro heridos, lo que eleva la tensión dentro del sistema penitenciario nacional.
Ante esta serie de ataques, el Gobierno Nacional anunció la suspensión temporal de las visitas a los reclusos en los centros penitenciarios del Valle del Cauca y Bogotá durante los días 4 y 5 de octubre, como parte de las medidas de “máxima seguridad”.
La decisión, según el comunicado oficial del Inpec, busca proteger la vida de los funcionarios, los internos y sus familias, en medio de lo que califican como una situación crítica de seguridad.
“Se suspende la visita de familiares y amigos de las personas privadas de la libertad los días 4 y 5 de octubre en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ubicados en Valle del Cauca y Bogotá”, señala la resolución.
Durante una rueda de prensa, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del Inpec, reconoció que la medida afecta directamente a cientos de familias, pero insistió en que la prioridad es evitar nuevas tragedias.
“Entendemos el impacto tan negativo que puede generar esta decisión, pero los atentados vienen de las mismas cárceles y de los propios privados de la libertad. Las visitas se cancelan no por represión, sino por seguridad”, afirmó Gutiérrez Rojas.
El alto funcionario también hizo un llamado a la solidaridad de las familias de los reclusos, advirtiendo que los recientes ataques podrían estar relacionados con estructuras criminales que operan desde los centros de reclusión.
El Inpec reiteró que la suspensión de visitas hace parte de un protocolo preventivo orientado a preservar la seguridad en las cárceles y evitar nuevos incidentes violentos.
“El propósito primordial es prevenir nuevos ataques o acciones violentas dentro del sistema penitenciario”, concluyó la institución en su comunicado.
