Una escena que parece sacada de una pesadilla tiene hoy estremecida a Bogotá. Cristian Camilo Valencia Hurtado, señalado de perpetrar un triple feminicidio contra su pareja y las dos hijas de ella, compareció este 25 de marzo ante un juez en su primera audiencia de imputación de cargos, apenas un día después de su captura.
El hombre apareció desde un centro asistencial, vestido con bata hospitalaria, encadenado y bajo custodia de la Policía, luego de haber intentado quitarse la vida tras cometer el crimen.
El caso salió a la luz el pasado 24 de marzo en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, cuando un familiar alertó a las autoridades tras varios días sin tener noticias de las víctimas durante el puente festivo.
Uniformados de la Policía, con apoyo del Cuerpo de Bomberos, ingresaron a la vivienda y encontraron una escena devastadora: una mujer de 41 años y sus dos hijas, de 20 y 17 años, yacían sin vida dentro de una habitación.
En el mismo lugar hallaron a Valencia con signos de intoxicación, tras un presunto intento de suicidio. Fue capturado y trasladado de urgencia a un hospital.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles escalofriantes: el acusado habría ingresado a las habitaciones de las víctimas mientras dormían para atacarlas con un arma cortopunzante.
Las tres mujeres recibieron múltiples heridas en zonas vitales que les causaron la muerte. Aunque inicialmente se pensó que el crimen ocurrió el martes, la investigación apunta a que los asesinatos se habrían cometido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
La fiscal del caso fue contundente al señalar que el crimen se enmarca en un contexto de violencia basada en género, marcado por relaciones de dominación, control y celos.
“Motivado por celotipia, sentimientos de posesión y estereotipos de subordinación”, el agresor habría dirigido su violencia no solo contra su pareja, sino también contra las hijas de ella, extendiendo el ataque a todo el núcleo familiar.
Valencia fue imputado por el delito de feminicidio, cuya pena mínima en Colombia es de 41 años de prisión. Sin embargo, al tratarse de tres víctimas —incluida una menor de edad—, la condena podría aumentar de manera significativa.
Mientras permanece bajo observación médica, el proceso judicial avanza en medio de la indignación nacional.
El caso ha generado rechazo generalizado y vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres en el país. Hoy, la justicia tiene en sus manos uno de los casos más impactantes del año, mientras una ciudad entera exige que no quede en la impunidad.
