La comunidad del sur del Cauca vive horas de conmoción y temor tras el asesinato de Edwin Portilla Pérez, un hombre de 49 años que fue ejecutado dentro de una ambulancia mientras era trasladado de Bolívar hacia Popayán.
El hecho, ocurrido en la madrugada del viernes en el sector conocido como El Juncal, ha sido calificado por las autoridades como un atentado directo contra la misión médica y una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Según los reportes iniciales, el vehículo de emergencia que trasladaba a Portilla Pérez —quien había sufrido un atentado a bala horas antes en su vivienda— fue interceptado por hombres armados, quienes obligaron al conductor y al personal sanitario a detener la marcha. Tras intimidarlos, los agresores sacaron al paciente de la ambulancia y lo asesinaron a sangre fría, dejando su cuerpo a un costado de la carretera.
Aunque el conductor y los profesionales de la salud resultaron ilesos físicamente, sufrieron una fuerte afectación psicológica tras presenciar el violento episodio. Los atacantes, tras consumar el crimen, obligaron a los tripulantes a regresar al casco urbano de Bolívar, antes de huir del lugar.
Horas antes del homicidio, varios sujetos armados habían irrumpido en la casa de Portilla Pérez, en el barrio El Libertador, disparándole en repetidas ocasiones antes de escapar. La gravedad de las heridas motivó su traslado al hospital local, desde donde fue remitido al Hospital Universitario San José de Popayán. Sin embargo, el intento por salvarle la vida terminó en tragedia.
“En el Cauca rechazamos todo acto de violencia contra la Misión Médica. Atentar contra el personal de salud y los pacientes es vulnerar la vida misma”, señaló la Gobernación del Cauca en un comunicado oficial.
La Defensa Civil realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue del hospital de Bolívar, mientras la noticia se difundía rápidamente generando indignación en todo el departamento.
La Gobernación del Cauca y la Secretaría de Gobierno anunciaron la convocatoria de una Mesa Extraordinaria de Misión Médica, junto con la Defensoría del Pueblo, para fortalecer los esquemas de protección al personal de salud y garantizar que los servicios médicos puedan operar con seguridad, incluso en medio de contextos de violencia.
Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental advirtió que este crimen se suma a otros hechos recientes de intimidación y secuestro contra trabajadores sanitarios. El pasado 2 de octubre, un médico de la E.S.E. Bolívar fue retenido por hombres armados y obligado bajo amenazas a atender a personas heridas en una zona rural.
“Estos hechos atentan contra la vida, la integridad y el ejercicio humanitario del personal de salud. Constituyen una clara vulneración al Derecho Internacional Humanitario”, indicó la dependencia.
La tragedia de Edwin Portilla Pérez no solo deja un vacío en su familia y su comunidad, sino que también expone la vulnerabilidad del personal sanitario y de los pacientes en territorios donde el conflicto armado sigue imponiendo sus reglas.
El suceso, más allá de un crimen atroz, pone a prueba el compromiso del Estado colombiano con la protección de la misión médica, principio fundamental del humanitarismo y piedra angular del derecho a la vida en tiempos de guerra y de paz.
