Una tormenta sacude al sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia. Más de 400.000 trabajadores podrían verse afectados por decisiones recientes del Gobierno nacional que, según las principales agremiaciones del país, están generando incertidumbre laboral, inseguridad jurídica y el debilitamiento de una actividad que representa el 4 % del empleo formal colombiano.
En un duro pronunciamiento conjunto, trece organizaciones del sector denunciaron lo que calificaron como una serie de medidas adoptadas sin concertación, sin socialización previa y con graves deficiencias técnicas, situación que estaría poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y abriendo la puerta al crecimiento de la informalidad y la vigilancia ilegal.
Las alertas fueron lanzadas por Aces, Anavp, Asosec, Asoviboy, Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, Conasegur, Consejo Nacional de Seguridad Privada, Confevip, Ecos, Fecolsep, Fedelam, Fedeseguridad y Fenalco, que representan a una industria que mueve cerca de 21 billones de pesos al año y aporta el 1,13 % del Producto Interno Bruto del país.
Los gremios señalaron que existe un “patrón sistemático de deslegitimación” contra la vigilancia privada y cuestionaron que desde algunos sectores oficiales se haya asociado a empresas legales con estructuras criminales sin pruebas concluyentes.
“Se está afectando la confianza en una actividad que durante décadas ha contribuido a la seguridad ciudadana y a la generación de empleo formal”, señalaron voceros del sector.
Uno de los puntos más sensibles de la controversia tiene que ver con los procesos de acreditación y permisos. Según las organizaciones, actualmente los trámites pueden tardar en promedio 391 días, mientras que algunos casos han alcanzado hasta 1.348 días de espera.
La situación, afirman, ha provocado que trabajadores y empresas enfrenten dificultades operativas e incluso investigaciones y procedimientos administrativos derivados de retrasos cuya responsabilidad, aseguran, corresponde exclusivamente al Estado.
Los gremios también arremetieron contra dos medidas recientes impulsadas por las autoridades regulatorias: la denominada “calculadora salarial” y la modificación de la estructura tarifaria del sector.
Sobre la calculadora salarial, afirmaron que fue implementada sin suficiente soporte técnico y generó confusión entre empresas y trabajadores, provocando incertidumbre sobre costos laborales y obligaciones contractuales.
Respecto a la nueva estructura tarifaria, advirtieron que podría alterar profundamente el modelo económico de las empresas de vigilancia y que no tuvo en cuenta variables fundamentales para el cálculo de costos operativos.
Pero la preocupación va más allá de los números. Los representantes del sector sostienen que detrás de estas decisiones están en juego miles de historias familiares.
Según las cifras divulgadas, más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años tienen en la vigilancia privada su primer empleo formal. A ellos se suman más de 112.000 trabajadores mayores de 45 años y cerca de 80.000 mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar.
La advertencia es contundente: si las empresas formales se debilitan, quienes podrían ocupar ese espacio serían estructuras de vigilancia ilegal que operan sin controles, sin contratos laborales y sin garantías para los trabajadores.
“La informalidad terminaría reemplazando la legalidad”, alertaron las agremiaciones.
La polémica se intensifica tras las recientes acciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que en abril suspendió las licencias de funcionamiento de 31 empresas por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
El superintendente Larry Álvarez Morales aseguró en su momento que las investigaciones evidenciaron un patrón preocupante en el que compañías legalmente constituidas terminaban desviando sus recursos, personal o servicios hacia organizaciones criminales.
Sin embargo, el mismo organismo reconoció que la gran mayoría de las empresas del sector opera dentro del marco legal y que las sanciones corresponden a casos específicos bajo investigación.
El choque entre el Gobierno y los gremios de la seguridad privada abre ahora un debate nacional sobre el futuro de una industria que sostiene a más de 360.000 familias colombianas y que juega un papel fundamental en la protección de empresas, conjuntos residenciales, entidades públicas y espacios estratégicos del país.
Mientras las autoridades defienden los controles para combatir posibles infiltraciones criminales, los empresarios advierten que decisiones mal diseñadas podrían desencadenar una crisis laboral de grandes proporciones y favorecer precisamente aquello que buscan combatir: el crecimiento de la ilegalidad.
A pocos meses de cerrar el año, el pulso entre el Gobierno y uno de los sectores más grandes de la economía formal colombiana apenas comienza, y sus consecuencias podrían sentirse mucho más allá de las empresas de vigilancia.
