El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por su presunta participación en la logística que permitió que varios jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá, actualmente detenidos en la cárcel de Itagüí, subieran a la tarima durante un acto público en el que participó el presidente Gustavo Petro, el pasado 21 de junio en Medellín.
El evento, realizado en el parque La Alpujarra, fue convocado para celebrar la aprobación de la reforma laboral y relanzar el proceso de paz urbana con grupos armados del área metropolitana de Medellín. Sin embargo, generó una fuerte polémica luego de que se conociera que entre los presentes en la tarima estaban reconocidos cabecillas de estructuras criminales como alias Douglas, Tom, Carlos Pesebre, Vallejo, El Indio, El Tigre, El Saya, Albert y Juan 23.
Según el abogado demandante, William Francisco Quintero Villarreal, fue la senadora Zuleta quien habría solicitado el traslado de estos individuos desde el penal de Itagüí hacia el centro administrativo de La Alpujarra, sin tener competencia para ello, lo que constituiría una extralimitación de funciones y eventualmente tráfico de influencias.
Quintero indicó que, tras recibir una negativa del Inpec a una solicitud de información, presentó una acción de tutela, la cual fue admitida el pasado martes. Aun así, dijo tener en su poder una resolución del Inpec que respalda su acusación, en la que se señala que el traslado de los reclusos se realizó a petición de la senadora Zuleta, mediante un oficio sin número ni fecha.
La demanda fue inicialmente devuelta por el Consejo de Estado por razones de forma, pero el pasado 29 de julio fue admitida formalmente. Aunque la decisión se conoció apenas en las últimas horas, marca el inicio de un proceso que, de ser fallado en contra de Zuleta, podría significar su pérdida de investidura, es decir, su salida definitiva del Congreso y su inhabilidad para ocupar cargos públicos.
Zuleta ya había sido objeto de otras acciones judiciales similares, incluyendo una por supuestas irregularidades en la financiación de campañas del Pacto Histórico, la cual fue archivada por falta de pruebas. Asimismo, por los hechos del “tarimazo”, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por el concejal Andrés Tobón (Centro Democrático), y ante la Fiscalía General de la Nación por la concejal Claudia Carrasquilla, del mismo partido.
¿Quién es el abogado demandante?
William Francisco Quintero Villarreal es un reconocido abogado litigante de origen conservador, con amplia trayectoria en el derecho administrativo. Ha sido conjuez del Tribunal Administrativo de Córdoba, del Tribunal Superior de Montería y del Consejo Superior de la Judicatura, y es miembro fundador del Colegio Colombiano de Derecho Administrativo.
Entre otros procesos destacados, ha demandado la curul del representante liberal Juan Carlos Lozada en dos ocasiones. También ha llevado a instancias judiciales disputas sobre los límites territoriales entre Antioquia y Córdoba, vigentes desde la década de 1960.
Consultado sobre su motivación para presentar esta nueva demanda, Quintero afirmó que se trata de un ejercicio jurídico con interés académico, pero también en respuesta a un hecho que ha generado fuerte indignación ciudadana.
El Consejo de Estado ahora deberá definir si la actuación de la senadora constituye una falta suficiente para retirarle su investidura, en un caso que continúa agitando el escenario político y judicial del país.
