La Fiscalía General de la Nación radicó este martes escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero Calle, y otras 12 personas de su administración, por presuntas irregularidades relacionadas con el lote de Aguas Vivas, un terreno de 142 mil metros cuadrados ubicado en el exclusivo sector de El Poblado.
El ente acusador señala que Quintero y varios de sus exfuncionarios modificaron de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) entre 2020 y 2023, con el propósito de restituir de forma ilegal el predio a un particular. Según la investigación, esta actuación habría favorecido a privados al permitir un retorno irregular del lote al mercado, pese a que ya hacía parte del Distrito, y por la falta de control frente a las decisiones administrativas adoptadas.
Entre los implicados figuran Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad; Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general (e); Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación; Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores, y Fabio Andrés Trujillo García, exsecretario General de la Alcaldía.
La Fiscalía indicó que estas actuaciones desconocieron “de manera directa y arbitraria” las competencias urbanísticas al modificar el uso del suelo del lote Aguas Vivas mediante el decreto 412 de 2023, que reglamentó el Valle del Software y permitió construcciones de carácter comercial en un terreno con restricciones previas.
De acuerdo con el ente acusador, las pruebas recaudadas por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín dan cuenta de que entre febrero de 2020 y mayo de 2023 los exfuncionarios intentaron beneficiar económicamente a particulares, cambiando la cesión gratuita del lote por una compraventa que habría implicado el pago de más de 40.500 millones de pesos. Tras el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario General habrían expedido actos administrativos para incrementar el avalúo del terreno y facilitar desarrollos urbanísticos contrarios al POT.
Este proceso judicial, que también relaciona a Quintero con los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, avanza ahora hacia la audiencia de acusación, etapa en la que se definirá la apertura del juicio oral contra los 13 investigados.
