• 22 agosto, 2026 2:20 pm

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“La cuenta la cobrará la justicia”: carnicero aceptó preacuerdo por homicidio y pagará 200 meses de prisión.

Lo que comenzó como una discusión por el cobro de un préstamo terminó convertido en una escena de horror y muerte en plena plaza de la 21 en la capital tolimense. Paulo Andrés Osorio Uribe, un carnicero de 46 años oriundo de La Virginia, aceptó su responsabilidad en el brutal homicidio de Carlos Eduardo Perdomo Barrios, ocurrido el pasado 14 de marzo de 2026 en el sector de la calle 21 con carrera Cuarta Tamaná.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la víctima sostuvo un fuerte intercambio verbal con Osorio Uribe por una deuda económica, pero la discusión escaló violentamente hasta terminar en tragedia. En medio del altercado, el hoy procesado sacó un cuchillo y le propinó una mortal puñalada en la región precordial external, una zona vital del cuerpo.

Aunque la víctima alcanzó a ser auxiliada, murió minutos después debido a la gravedad de la herida, desatando conmoción y temor entre los habitantes del sector, quienes aseguran que todo ocurrió en cuestión de segundos y frente a varias personas.

Tras ser retenido y presentado ante las autoridades judiciales, Paulo Andrés Osorio Uribe fue imputado por el delito de homicidio agravado. Durante la audiencia, el acusado decidió aceptar de manera libre y voluntaria los cargos formulados por la Fiscalía, acogiendo un mecanismo de terminación anticipada del proceso.

Con esta decisión judicial, el procesado obtuvo como único beneficio la degradación de su participación de autor a cómplice únicamente para efectos punitivos, lo que permitiría una rebaja en la condena. Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas en señalar que no habrá beneficios como prisión domiciliaria ni subrogados penales.

De acuerdo con la decisión expuesta en audiencia, la pena base sería de 200 meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena principal. La reducción se aplicaría conforme a los descuentos establecidos en la ley, que contemplan rebajas entre una sexta parte y la mitad de la pena.

El caso que generó indignación en Ibagué, donde la comunidad no sale del asombro al conocer que una disputa económica terminó convertida en un homicidio a sangre fría que hoy tiene a una familia de luto y a un hombre enfrentando una larga condena tras las rejas, será remitido al Juez de Conocimiento quien deberá dar la aprobación final del preacuerdo y la condena.

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