Mientras la familia de Diana Milena Carrero, enfermera asesinada en diciembre de 2024, clama por una sanción ejemplar, la justicia tomó una decisión que hoy sacude a Ibagué y reabre el debate sobre la impunidad en los casos de feminicidio. El Juzgado Quinto Penal con Función de Control de Garantías sustituyó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diego Estrada, señalado de ser el responsable del crimen, y le concedió el beneficio de detención domiciliaria.
La decisión judicial, adoptada en medio del proceso penal, generó profundo rechazo social y un sentimiento de revictimización entre los familiares de la víctima, quienes aseguran no entender cómo, frente a la gravedad de los hechos, el principal sospechoso deja la cárcel para enfrentar el juicio desde su casa.
De acuerdo con el fallo, Estrada deberá permanecer en su residencia bajo vigilancia electrónica, presentarse periódicamente ante las autoridades, no salir del país y abstenerse de acercarse o comunicarse con los familiares de Carrero. Sin embargo, para la familia estas restricciones resultan insuficientes frente a un crimen que califican como brutal.
“Fue como un baldado de agua fría. Uno no entiende mucho los términos legales ni los vencimientos de términos, pero creíamos que todo iba bien. Esta decisión es muy dolorosa para nuestra familia”, expresó Wilfredo Carrero, hermano de la víctima, en declaraciones a Caracol Radio.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, ya presentó acusación formal contra Diego Estrada por los delitos de feminicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que el procesado no aceptó. El ente investigador sostiene que existen pruebas suficientes para avanzar hacia el juicio.
El crimen ocurrió el 21 de diciembre de 2024, cuando Diana Milena Carrero fue reportada como desaparecida en Ibagué. La última vez que fue vista con vida se encontraba en compañía de su pareja sentimental, hoy procesado.
Cinco días después, el 26 de diciembre, el cuerpo de la enfermera fue hallado por sus propios familiares en un sector cercano a la variante de la capital del Tolima, en avanzado estado de descomposición, un hecho que marcó profundamente a la comunidad.
Según la investigación, la pareja había estado previamente en un establecimiento público del barrio La Granja, donde la víctima compartía con compañeros de trabajo. Tras una discusión, ambos salieron del lugar en una motocicleta conducida por Estrada. En un tramo de la vía Ibagué–Bogotá, entre el puente de la Variante y la glorieta de El Rodeo, el procesado habría golpeado a la mujer con un casco, causándole una fractura en el cráneo que le provocó la muerte.
La Fiscalía indicó que, posteriormente, el cuerpo habría sido arrastrado hasta un caño con el fin de impedir su pronta localización e identificación, un hecho que agrava la conducta imputada.
Aunque Diego Estrada permanece vinculado al proceso desde su captura el 7 de enero, ahora enfrentará el juicio desde su vivienda, una decisión judicial que aviva la indignación ciudadana, cuestiona la protección efectiva de las víctimas y vuelve a poner bajo la lupa el tratamiento que recibe el feminicidio en el sistema judicial colombiano.
