La creciente presencia de habitantes de calle en distintos puntos de Ibagué encendió las alarmas entre comerciantes y compradores, especialmente en las plazas de mercado y zonas de alto flujo. El fenómeno, lejos de ser aislado, se estaría expandiendo por varios sectores de la ciudad y ya genera temor, pérdidas económicas y una fuerte percepción de inseguridad.
Así lo denunció Albeiro Mora, representante de las Plazas de Mercado de Ibagué, quien aseguró que el aumento es evidente en lugares como la Plaza de la 21, la Plaza del Jardín, el parque del Mohán y otros puntos estratégicos del comercio popular.
Según Mora, buena parte de estas personas no serían oriundas de la ciudad y estarían llegando desde otras regiones, principalmente desde Bogotá, como consecuencia de los procesos de recuperación del espacio público adelantados en la capital del país.
“Nos está llegando una gran cantidad de habitantes de calle nuevos, gente que nunca habíamos visto. Nos dicen que los están dejando cerca del estadio y en sectores como Mirolindo. Ibagué no puede seguir cargando con esa carga social”, afirmó el vocero, en declaraciones que ya generan polémica.
El impacto, aseguran los comerciantes, ya se siente en la caja registradora. Mora explicó que la presencia constante de habitantes de calle en plazas y parques ahuyenta a los compradores, reduce el flujo de visitantes y golpea directamente la economía de cientos de familias que dependen del comercio diario.
De acuerdo con el representante de los comerciantes, en requisas realizadas por la Policía Metropolitana se habría encontrado que algunos de estos habitantes de calle portan armas blancas y consumen sustancias psicoactivas en espacios públicos, incluso en zonas comerciales y parques frecuentados por familias.
Ante la presión del sector comercial, Mora confirmó que ya se iniciaron acercamientos con la Administración Municipal y la Policía para buscar soluciones.
Por ahora, los vendedores de las plazas de mercado esperan que los anuncios oficiales se traduzcan en medidas concretas y sostenibles, que permitan recuperar la tranquilidad, proteger la actividad económica y evitar que la capital tolimense se convierta en un destino involuntario de una crisis social sin control.
