Procuraduría General de la Nación profirió un fallo en primera instancia contra Andrés Hurtado, por su presunta participación en política durante 2023, en medio de la contienda local en la que Johana Aranda buscaba llegar a la Alcaldía de la capital tolimense.
La decisión consta de una inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos, una sanción que, de confirmarse, podría convertirse en un “cerrojo” político contra uno de los nombres más visibles del poder regional en Tolima.
Sin embargo, el mismo día en que se conoció el fallo, el exmandatario activó la ruta de defensa, pues su equipo jurídico interpuso recurso de apelación, lo que significa que la sanción aún no está en firme y el caso entra a una etapa clave donde se jugará su futuro.
Por otra parte, desde el equipo del presidente del Partido de la U advirtieron que la decisión no es definitiva, recalcando que el proceso todavía debe avanzar por las etapas correspondientes del debido proceso y que Hurtado mantiene intacto su derecho a la defensa.
Lejos de retroceder, Hurtado envió un mensaje directo a los tolimenses y dejó claro que su apuesta sigue en pie, en un contexto donde ya se empieza a calentar el ambiente por las elecciones legislativas del 8 de marzo y, especialmente, por su aspiración a la Gobernación del Tolima en 2027.
“Nuestro proyecto a la Gobernación del Tolima sigue firme. Seguiremos trabajando con amor, convicción y compromiso por los tolimenses… para llegar… a la Gobernación del Tolima en el año 2027”.
El detalle que mantiene encendida la controversia es que, mientras se resuelve la apelación, Andrés Hurtado no está inhabilitado. Es decir, por ahora puede moverse políticamente, mantenerse vigente y proyectarse electoralmente, pese a tener encima un fallo que —si se confirma— lo dejaría fuera de juego por más de una década.
